Barcelona reforzará las inspecciones a establecimientos que podrían vender productos derivados del cannabis, tras la reciente prohibición de la venta y la distribución de golosinas con estas sustancias en todo el estado, decretada por el Ministerio de Sanidad. El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, y la concejal de Salud, Marta Villanueva, se han puesto en contacto con la fiscalía y el Ministerio de Sanidad para concretar el inicio de las acciones penales en el caso de detectar la venta de estas chuches.
La medida, acogida con satisfacción por parte del consistorio, busca frenar un consumo que, según los responsables municipales, ha sido banalizado durante demasiado tiempo. También se estudia si es posible intervenir contra los carteles publicitarios de estos productos.
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En total, se estima que existen un centenar de tiendas de este tipo en la ciudad, incluyendo comercios de artículos relacionados con la marihuana y establecimientos de alimentación. “Ya tenemos los equipos de inspección preparados para actuar bajo este nuevo enfoque”, ha señalado Batlle.
Inspecciones en 2024
45 visitas a 30 establecimientos
Durante 2024, los servicios de inspección municipales realizaron 45 visitas a 30 establecimientos, derivadas en parte de alertas sanitarias y casos de intoxicación causados por el consumo de estas golosinas. Se confirmaron oficialmente 24 intoxicaciones, aunque un estudio del Hospital Clínic eleva la cifra a 32 casos. Las inspecciones finalizaron con la apertura de 15 expedientes sancionadores.
La nueva orden del ministerio actualiza el Real Decreto de 1977 sobre sustancias psicotrópicas para incluir aquellos productos que sí integran compuestos semisintéticos, que pueden generar efectos similares o incluso más potentes, aunque no contengan principios activos del cannabis. Por ello, Sanidad los ha calificado de “cannabinoides sin aplicación farmacológica”, y eso obliga a someterlos a control. Villanueva ha asegurado que esto permitirá a la Guardia Urbana actuar “de manera más contundente” tanto en sanciones administrativas como en el ámbito penal.
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Mientras tanto, las inspecciones se organizan ya de forma escalonada junto a la Agencia de Salud Pública, aunque la incertidumbre recae en aspectos como las cantidades o tipos de productos que podrían considerarse delictivos. “Desde el gobierno municipal decimos que esto se ha acabado”, ha concluido Batlle.