El controvertido hotel de El Algarrobico, situado en el Parque Natural del Cabo de Gata, en Almería, sigue en pie y se mantiene como símbolo de la compleja maraña legal y política que lo rodea. Esta semana se han cumplido cinco meses desde que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, prometiera públicamente su demolición. Sin embargo, ese anuncio sigue sin hacerse realidad.
Mientras el esqueleto de hormigón continúa dominando la playa de Carboneras, el alcalde del municipio, Salvador Hernández (Cs), ha reclamado públicamente un acuerdo entre todas las administraciones implicadas para “buscar la solución menos dolosa para el pueblo”. “Pido y suplico, vuelvo a insistir”, declaró, “que nos sentemos las tres administraciones (ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno central) para dar una salida a este problema enquistado desde hace 20 años, y se deje de utilizar El Algarrobico como arma arrojadiza y argumento político”.
Lo que se vendió como un sueño ha terminado convirtiéndose en una pesadilla”
Algunos señalan que el anuncio de Montero coincidió con un momento políticamente estratégico, justo cuando se conoció que sustituiría a Juan Espadas como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas andaluzas. “Estaba confundida, equivocada o mentía”, ha afirmado el alcalde, quien teme que pasen aún “varios años” hasta que se declare totalmente ilegal el hotel y se proceda a su demolición. También recordó que este asunto “solo se reactiva en períodos electorales”.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, aseguró que se están cumpliendo los plazos para avanzar en la expropiación parcial del hotel, aunque reconoció que el expediente es “complejo”.
Montero confía en un próximo acuerdo con Azata para demoler el Algarrobico frente a la “inacción” de la Junta
Este viernes, Montero ha asegurado que el Gobierno central “ha actuado y va a seguir actuando”, y ha confiado en que “en las próximas semanas” se alcance un acuerdo con la promotora Azata del Sol en el marco del proceso expropiatorio impulsado por el Estado.
La vicepresidenta ha defendido la vía abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica para recuperar la parte del hotel que invade el dominio público marítimo-terrestre, y ha cargado contra la Junta de Andalucía por no colaborar con la expropiación de la otra mitad del inmueble, asentada en suelo protegido del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. “Son el perro del hortelano, ni hacen ni dejan hacer”, ha criticado, asegurando que desde la Junta “torpedean” cada paso dado por el Ejecutivo.
Montero ha afirmado que la declaración de utilidad pública de los suelos “está muy avanzada” y ha mostrado su voluntad de cerrar un acuerdo con la promotora a partir del 2 de agosto, con el objetivo de que la demolición pueda iniciarse antes de que finalice el año. “La voluntad del Gobierno es firme, contundente y vamos a cumplir”, ha asegurado.
Un paso clave: la revisión de la licencia de obras
En un movimiento significativo, el ayuntamiento de Carboneras ha aprobado este viernes el inicio del procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obras concedida en 2003, en cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esta resolución ordena anular la licencia al haberse concedido en suelo no urbanizable protegido. Su anulación es un requisito imprescindible para demoler el edificio.
La propuesta fue aprobada en un pleno celebrado sin la presencia del grupo municipal socialista. Contó con los votos favorables del alcalde (Cs), el PP y un concejal no adscrito. Hernández lamentó la ausencia del PSOE en una sesión clave, recordando que la licencia se otorgó cuando este partido gobernaba en Carboneras y en la Junta. Aseguró que la revisión de la licencia no responde a una decisión política, sino al cumplimiento de un mandato judicial.
La revisión se basa en el artículo 47.1.f de la Ley 39/2015, que considera nulos los actos administrativos cuando se omiten trámites esenciales o se dictan sin seguir el procedimiento legalmente establecido. El acuerdo municipal abre un periodo de audiencia de diez días para las partes interesadas, paso previo a la posible declaración de nulidad.
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El TSJA ya había exigido esta revocación en 2021 mediante una sentencia ratificada por el Supremo. Esta semana, además, el tribunal ha reiterado su requerimiento al Ayuntamiento para publicar la corrección del PGOU. En caso de incumplimiento, podría imponer multas coercitivas e incluso señalar al funcionario responsable.
Al finalizar el pleno, el alcalde volvió a apelar a la colaboración institucional: “No se puede seguir utilizando el hotel del Algarrobico como arma arrojadiza entre partidos”.
Una “pesadilla” con más de dos décadas de historia
El caso del Algarrobico arrastra ya más de 22 años y acumula 63 resoluciones judiciales. Todo comenzó en 1997, cuando la Junta de Andalucía, entonces bajo gobierno socialista, reclasificó como urbanizables unos terrenos junto al mar, contraviniendo la Ley de Costas. Esto permitió que en 2003 el Ayuntamiento de Carboneras concediera a la promotora Azata del Sol S.A. una licencia para construir un hotel de 441 habitaciones en pleno parque natural.
La construcción fue paralizada en 2006 por orden judicial (la única ejecutada hasta la fecha) y en 2010 el Tribunal Supremo declaró ilegal la obra al encontrarse en suelo protegido. Sin embargo, el Ayuntamiento se negó durante años a modificar su planeamiento urbanístico. En 2023, el Supremo confirmó que la licencia seguía vigente hasta que no fuera revocada expresamente por el consistorio, como ahora comienza a ocurrir.
