En dos meses, entre las postrimerías de junio y mediados de este ferragosto infernal, tres de los símbolos que más y mejor identifican a Andalucía han estado a punto de desaparecer. La polémica por la restauración (irregular) de la Macarena, muestra mayor de la religiosidad popular en la España meridional, todavía es objeto de una agria controversia, al margen del quebranto que sufren sus devotos, que ya no encuentran la mirada perdida de la Virgen de la Esperanza de Sevilla salvo en las fotografías antiguas.
Esta semana, en simultáneo, estuvieron cerca de ser destruidas la mezquita de Córdoba –que algunos, con una evidente mala intención, insisten en denominar únicamente como catedral– y el yacimiento romano de Itálica, en Santiponce (Sevilla), cuna de los emperadores Adriano y Trajano y urbe fundada por Publio Cornelio Escipión El Africano en el año 206 a. C.
El monumento musulmán, sobre cuya estructura histórica se alza una iglesia cristiana de menor tamaño, es una muestra afortunada del sincretismo cultural que caracteriza a Andalucía. Un legado en peligro.
La Mezquita de Córdoba, después del incendio
Su aparatoso incendio, imputable al uso como almacén de un capilla, pudo convertirse en una verdadera catástrofe. El fuego hizo colapsar parte de las cubiertas y destruyó dos estancias del edificio.
En Itálica, una lengua negra con llamas provocadas en los pastos que rodeaban al recinto arqueológico llegaron hasta las mismas puertas del yacimiento. Un milagro salvó los últimos vestigios de la Sevilla romana.
Ambos sucesos han abierto el debate sobre la conservación del patrimonio cultural, que en Andalucía es insuficiente en relación a su herencia histórica. Era inevitable que derivase también en una discusión sobre la gestión autonómica y acerca de los límites de la titularidad privada de monumentos como la mezquita, cuyo dueño es el Cabildo de Córdoba, o la Macarena, propiedad oficial de la Hermandad que la custodia.
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El gobierno andaluz ha intentado restar trascendencia a estos tres sucesos amparándose en que los daños son menores desde el punto de vista patrimonial. Esta actitud denota insensibilidad o incompetencia, o ambas cosas, porque el yacimiento de Itálica pertenece a la Junta desde hace 36 años. Su seguridad es responsabilidad estrictamente regional.
A la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, le preocupa más el flamenco, un arte que se defiende solo y tiene una merecida proyección internacional, que el patrimonio histórico. La práctica totalidad del presupuesto de su departamento se destina en pagar los sueldos de sus 400 trabajadores, muchos contratados por el PSOE sin oposición, y que cuestan 24 millones de euros cada año. Apenas quedan fondos disponibles para inversiones.
Hay otros ejemplos similares. Por ejemplo: la Junta mantiene cerradas, sin uso cierto y sin terminar, dada la escasez de su presupuesto, edificios singulares tan importantes como las Reales Atarazanas de Sevilla, cuya rehabilitación es obra de Guillermo Vázquez Consuegra, Medalla de Oro de la Arquitectura Española y Premio Nacional de Arquitectura.
Bienes patrimoniales
La mezquita de Córdoba y la imagen de la Macarena, en cambio, son propiedades particulares desde el punto de vista jurídico, aunque en ambos casos la Administración autonómica tenga la obligación de vigilar, y pueda hasta sancionar, las intervenciones en los bienes patrimoniales cuya importancia debería sustraerlos a los caprichos de sus titulares legales.
El incendio del principal edificio de Córdoba tiene asimismo una lectura política de largo alcance, que es la que en Altamira –el palacio sevillano donde tiene su sede la consejería del ramo– más inquieta estos días.
Los daños en la mezquita ponen en cuestión la labor de conservación de la diócesis cordobesa, que inmatriculó a su nombre el monumento cordobés, aprovechando una modificación legal de tiempos Aznar que equiparaba a los clérigos con los fedatarios públicos y facilitaba así una desamortización a la inversa, siglo y medio después de la acometida por Mendizábal.
Imagen del anfiteatro romano de Itálica, en Santiponce (Sevilla)
La posesión de facto del edificio la ostenta la diócesis desde el siglo XIII por derecho de conquista, pero de iure no fue registrada hasta 2006. El Cabildo lo hizo sin publicidad, pagando 30 euros y sin tributar por la mezquita, que es Patrimonio de la Humanidad y cada año recauda más de 22 millones de euros en visitas, la mitad del dinero que la Junta destina todos los años al Patronato (público) de la Alhambra de Granada.
La diócesis cordobesa no ha tributado nunca al erario público por esta actividad turística. El PSOE criticó hace una década la legalidad de su inmatriculación. IU, entonces dentro del ejecutivo andaluz, defendió que la mezquita debía ser pública para que sus ingresos los administrase la Junta.
A los socialistas les movía el populismo electoral. No pasaron de hacer declaraciones ante la galería e incurrieron en indecorosas contradicciones. Lo que exigían en Córdoba no lo defendían en Sevilla –entonces con un alcalde socialista–, donde la Iglesia también se apropió del Patio de los Naranjos de la Catedral, que siempre fue una plaza pública de acceso libre.
En 2018, cuando el PP llegó a la Junta, ambas cuestiones se metieron en un cajón. Hasta ahora. San Telmo, por decirlo a la cervantina, no quería topar con la Iglesia. En siete años tampoco ha tomado ninguna medida para que las imágenes de Semana Santa sean declaradas Bienes de Interés Cultural.
Pedir licencia a la Junta
¿Asombroso? En absoluto. Si las Vírgenes y los Cristos andaluces tuvieran dicha condición patrimonial –el PP podría aprobarla mañana sin problema: cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento– todas las hermandades se verían obligadas a pedir licencia a la Junta antes de cualquier intervención.
El Quirinale, lo mismo que los socialistas, prefiere alimentar el clintelismo cofrade, otorgando subvenciones para las obras de arte sacro (1,5 millones) y pagando hasta 700.000 euros para organizar procesiones religiosas de una única jornada. Una inversión netamente política, más que devocional.
La situación no deja de ser demencial. En vez de velar por el patrimonio, bien de forma directa o con los mecanismos legales de control a su alcance, la Junta se limita a dejar hacer a los dirigentes cofrades, que ejercen como lobbies, sobre todo en la Macarena, que durante años tuvo en su templo la tumba de Queipo de Llano, incumpliendo la ley de memoria histórica.
Ahora se contenta con agradecer al cielo, que los musulmanes representan en las cúpulas geométricas de las mezquitas, que el fuego del infierno meridional, no haya acabado esta vez, para siempre, con parte de la historia de Andalucía. La autonomía no se predica. Se ejerce. También en cultur