Si el estado de ánimo de un hombre equivale, a efectos prácticos, a su destino, porque existir, tanto como respirar, es sentir, no caben muchas dudas de que el acuerdo entre el PSC y los partidos independentistas para articular un hipotético concierto catalán –la financiación singular, según el eufemismo más exitoso– no ha dejado, ni puede dejar satisfecho, a nadie.
Desde luego, no a quienes aseguran que van a combatirlo con todas sus fuerzas, aunque éstas sean políticamente escasas; tampoco a aquellos que lo interpretan como un asunto difuso, más formal que real, sin calendario definido, carente de mayorías seguras e insuficiente para sus pretensiones
En esta divergencia, en esencia, está el problema: las guerras no se inician cuando uno de los dos bandos en liza se siente moderadamente satisfecho. Todas comienzan –para espanto general– cuando ambos adversarios se consideran ofendidos, menospreciados o indignados. Eso es la discordia.
Salvador Illa y Moreno Bonilla en la Sagrada Familia de Barcelona
Estamos en esta segunda situación, aunque sea con intensidades divergentes. La precariedad política de Pedro Sánchez –un capitán que no abandona el barco pero tampoco sabe hacerlo navegar– no tenía más antídoto a mano que intentar –verbo que los muy cafeteros leen como fingir– seguir caminando en la dirección exacta que le demandan sus socios en Catalunya: abrir la caja única y entregar (al menos en abstracto) una parte sustancial de la recaudación tributaria del Estado a la Generalitat.
Darle cuerda a esta cometa tiene sus riesgos. Mientras más vuelo, mayor será la beligerancia de la oposición, que ya no se limita a la estrictamente parlamentaria, sino que tiene una dimensión institucional y territorial.
Es sabido que en España estos dos ámbitos tienden a practicar una promiscuidad secular, pero sería de ingenuos leer la llamada a filas de Juan Manuel Moreno, el presidente de la gran autonomía del Sur, que piensa armar un frente contra la medida, saliendo a los medios de la plaza, por decirlo en términos taurinos, como un movimiento sólo de orden genovés.
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La inquietud social que el cupo catalán provoca en el resto de España no es únicamente política. Es sobre todo práctica: a menor recaudación estatal, que es la consecuencia objetiva de este proyecto, peores servicios públicos y una inferior financiación para el resto de autonomías, especialmente para Andalucía, que dispone históricamente de menor renta y es receptora neta de los fondos de cohesión territorial. Una pantalla totalmente insoportable.
La Junta cifró en su día el quebranto teórico de la operación para las arcas regionales en más de 5.000 millones de euros anuales. Una cifra que deberá concretarse en función de cómo sean los términos finales del acuerdo y que se sumaría al creciente déficit (crónico) de infrafinanciación que ya padecen muchas otras autonomías españolas.
El discurso del PP andaluz, que es idéntico al que en históricamente defendió el PSOE en el Sur de España, valora el cupo catalán como un agravio. Un mensaje que, aunque basado en datos objetivos, es inflamable en términos populistas: la investidura de Illa y la soberanía fiscal de Catalunya pesan menos –como es natural– que la posibilidad, nada remota, de que la singularidad catalana provoque una catástrofe meridional.
La vicepresidenta, Ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía
Que el pacto siga siendo insuficiente para los nacionalistas, que ni un solo día han dejado de ser materialistas, no impedirá las turbulencias. Lo mismo se dijo de la polémica ley de amnistía y ya es –oficialmente– constitucional (hasta que en Europa no se concluya otra cosa).
Lo que explica la rebelión del resto de autonomías no es tanto el saldo, que es regresivo, sino lo que los clásicos llamaban animus. La nuda intención. La voluntad de la Moncloa de arrastrar a la España constitucional a un modelo confederal de nueva planta por la vía de los hechos consumados.
Sin que medie ninguna votación. A través de acuerdos cocinados en los despachos por actores políticos con intereses particulares, en lugar de generales. Habría que estar ciego, además de sordo, para pensar que no habrá algún tipo de reacción (electoral) con capacidad para zarandear un calendario político que (salvo sorpresas) agitarán primero las autonómicas de Castilla-León y proseguirá, dentro de menos de un año, en Andalucía.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras
Moreno Bonilla, a quien todos los sondeos otorgan una segunda mayoría parlamentaria absolutísima, dispone de una alfombra roja (argumental) para su campaña. Su pretensión de impulsar un bloque con más autonomías –incluidas algunas socialistas, remisas de momento al espectáculo– es una muestra evidente de su deseo (íntimo) de mayor proyección nacional.
Gobernar España favoreciendo a Catalunya y sacrificando al resto de autonomías siempre ha sido un error –al margen de las demandas de más y mejor financiación del Govern, cuya elevada deuda ilustra sobre cuáles son sus prioridades políticas y muestra su grado exacto de responsabilidad institucional–, pero hacerlo con la oposición frontal de Andalucía es una decisión contra natura. Por población, por historia y por puro realismo.
A la Moncloa, por supuesto, se puede llegar sin necesidad de gobernar en el Sur. Pero no se sobrevive sin mantener a lo largo del tiempo un mínimo suelo electoral. Y eso es lo que va a perder el PSOE en este lance. Todos los que han sido presidentes del Gobierno, sin excepción, lo saben muy bien. “Los dioses gustan de hacer bajar lo que se eleva”, escribió Heródoto, padre de la Historia, muchos siglos antes de que Newton formulase la infalible ley de la gravedad, cuya primera víctima (mitológica) fue Ícaro.