Distintas voces autorizadas llevan años advirtiendo sobre el duro escenario al que se enfrentará Andalucía en las próximas décadas por el efecto del cambio climático: retroceso costero, pérdida de playas, cambios drásticos y cuantiosas pérdidas económicas en el sector agrícola y turístico. Estos escenarios adversos quedan ahora recogidos en los estudios impulsados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en el marco del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), que prevén la desaparición de hasta 33 playas de aquí a final de siglo, así como determinan que para 2050 el retroceso de la playa seca oscilará entre 5 y 25 metros, y en los casos más extremos, como en la Costa del Sol y el litoral occidental de Cádiz y Huelva, podría alcanzar hasta 65 metros.
Este panorama, que año tras año se hace más patente y se deja sentir en los municipios costeros y la degradación avanza a ojos vista, requiere de soluciones urgentes, tal y como reclaman alcaldes y científicos. Por su parte, la Junta anuncia medidas de adaptación para anticipar impactos y proteger los sectores más dependientes del litoral.
Los trabajos han sido elaborados por la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta, con base en proyecciones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). El primero, publicado en 2022 dentro del programa PIMA-Adapta Costas, incluye bases de datos georreferenciadas y un visor cartográfico que evalúa los riesgos costeros. El segundo, aún en ejecución bajo el nombre de ‘iccoast’, analiza la erosión y la inundación en escenarios climáticos hasta 2100.
Municipios en alerta
Esta situación no es nueva. Varios alcaldes vienen advirtiendo de la degradación de sus municipios por los efectos climáticos desde hace varios años. Fue el concejal de Playas de Marbella (Málaga), Diego López, quien en marzo, tras el último temporal del mes, advirtió que el municipio había perdido hasta “un 20% de arena” y pedía la colaboración de las administraciones para regenerar la costa antes de Semana Santa, habida cuenta de que la zona atrae a un importante número de turistas y, por ende, a la generación de empleo y riqueza. En julio, de hecho, volvió a pedir “ayuda urgente” al Estado ante la llegada masiva del alga invasora Rugulopteryx okamurae, con 1.800 toneladas retiradas en apenas 15 días.
En la localidad onubense de Isla Cristina, el alcalde Jenaro Orta denunció que el litoral “padece uno de los momentos más críticos de su historia” por los temporales y exigió soluciones más estables que los aportes puntuales de arena. En la misma provincia, en esta ocasión en Matalascañas, la alcaldesa Rocío del Mar Castellano reclamó al Gobierno central “soluciones estructurales” tras los destrozos en su paseo marítimo, subrayando el impacto directo sobre la economía local.
Cádiz pierde dos metros de playa al año
La provincia de Cádiz tampoco se libra del impacto del cambio climático siendo, en parte, uno de los puntos más críticos en el mapa andaluz, y la Universidad de Cádiz lleva un tiempo alertando de estos problemas. Ha sido el decano de Ciencias del Mar, Javier Benavente, quien ha recordado que “tenemos que ir acostumbrándonos a situaciones extremas como las inundaciones” y apunta a la subida del nivel del mar como el gran desafío. Sus estudios muestran que playas como Camposoto, Costa Ballena o Cádiz capital retroceden a razón de dos metros anuales, en línea con la regla científica que calcula que por cada centímetro de subida del mar, la playa se retrae un metro tierra adentro.
A ello se suma el diagnóstico de WWF en Doñana, donde el cambio climático agrava la intrusión salina, la pérdida de agua dulce y la degradación de marismas, con efectos directos sobre cultivos de fresas y frutos rojos en el entorno. Greenpeace alerta en su informe Destrucción a toda costa 2025 de que el Mediterráneo occidental podría elevar su nivel hasta 76 centímetros a fin de siglo, arrastrando consigo decenas de metros de arena en playas urbanas.
Turismo y agricultura, sectores en la cuerda floja
Si finalmente el escenario que plantean estos estudios se convirtiera en realidad, el golpe económico sería demoledor. El turismo aporta 12,3% del PIB nacional y 11,6% del empleo, y si las playas pierden calidad y anchura, la primera víctima será el modelo de sol y playa, con riesgo de fuga de visitantes hacia otros destinos mediterráneos.
La agricultura de regadío en Huelva y Cádiz también se enfrenta a la amenaza: menos agua dulce, suelos salinizados y menor retención hídrica comprometen los cultivos de exportación. Para WWF, el clima está acelerando la degradación de Doñana, patrimonio natural que a la vez sostiene empleo agrícola.
Urgencia política y social
Llegados a este punto, no sólo habría que preocuparse sino también ocuparse de estas predicciones. La secretaria general de Medio Ambiente de la Junta, María López Sanchís, ha subrayado que “nuestra costa se encuentra entre las más valiosas de Europa” y que anticiparse a estos impactos es “una responsabilidad colectiva”. Pero más allá de las herramientas técnicas, la voz de alcaldes, científicos y ecologistas coincide: la urgencia política y social para actuar es ya inaplazable.
Andalucía se juega mucho más que sus playas: su modelo económico, su patrimonio natural y el futuro de miles de familias dependen de cómo gestione hoy la amenaza del cambio climático en su litoral.
Desde el gobierno regional se ha asegurado que ya existe una hoja de ruta para frenar este panorama que, según se apunta, cuenta con herramientas para adaptar las medidas a los nuevos desafíos.
Hoja de ruta de la Junta de Andalucía
• Anticipación con herramientas digitales: un visor cartográfico interno que permitirá prever la evolución de la costa y decidir con rigor sobre concesiones y usos del litoral.
• Plan de Adaptación al Cambio Climático en el dominio público marítimo-terrestre, incluido en el estudio PIMA-Adapta Costas.
• Obras de estabilización en tramos críticos, como los espigones proyectados en Marbella, ya con declaración de impacto ambiental favorable.
• Soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de dunas en Artola-Cabopino o la protección de humedales que actúan como barrera natural.
• Integración socioeconómica: aplicación de los estudios a la planificación de sectores como el turismo, la agricultura o la industria litoral.
• Actualización continua de escenarios: el proyecto 'iccoast' seguirá generando datos hasta 2100 para adaptar las medidas en función de la evolución climática.
