Andalucía y la batalla contra la ordinalidad
Cuadernos del Sur
Hasta febrero el telón que esconde el escenario estará a medio bajar, pero los actores que interpretan la tragicomedia del nuevo modelo de financiación autonómica, una obra de cámara que incluye tanto a personajes cómicos como a criaturas de naturaleza sanguínea, llevan muchos meses ensayando y verbalizando el libreto del Gobierno para que el auditorio que contemplará la pieza quede persuadido de sus fingimientos, pues –como escribió Jardiel Poncela– “el teatro es un excelente medio para educar al público; pero el que hace teatro educativo casi siempre se encuentra sin público al que educar”.
La guerra de la financiación regional se parece a un poema antiguo. Está escrito en un idioma que se asemeja bastante al nuestro, pero que en realidad no entendemos por completo. Y ahí es donde, como sucede en la Iglesia católica, aparecen los exégetas, que son los mediadores encargados de hacer la interpretación del texto original.
La hipótesis –todavía sin confirmación oficial– de que Hacienda pueda aceptar el criterio de ordinalidad a la hora de repartir los recursos financieros de las autonomías, una insistente demanda de
La ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, y el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno
los independentistas catalanes, ha provocado, como ya causó antes la idea de un hipotético cupo catalán (en el que se encuadraría este punto, pero que no agota por completo el anhelo independentista), una reacción inmediata desde Andalucía. Por su puesto, crítica
El gobierno andaluz establece una vinculación absoluta entre los “privilegios financieros” que, a juicio de los dirigentes del PP meridional, Moncloa está dispuesta a conceder a la Generalitat, y la necesidad de Sánchez –y también del PSC– de renovar sus alianzas.
La posición de la Junta es y será beligerante. Pero, aunque tiene argumentos técnicos y políticos para oponerse a la ordinalidad, no acaba de ponerlos sobre la mesa. Su discurso es puro argumentario.
El Quirinale, que en el último mes y medio ha sufrido su mayor crisis de credibilidad desde que el PP llegó a San Telmo a cuenta del deterioro sanitario y la presunta red de corrupción en la Diputación de Almería, busca reorientar su bitácora –las elecciones regionales serán el primer semestre de 2026– hacia costas más favorables.
Las cesiones de Moncloa en favor de Catalunya son un balón de oxígeno para Moreno que el presidente andaluz no va a desaprovechar, aunque no esté claro si esta narrativa le ayudará a conservar su mayoría parlamentaria, que los sondeos no garantizan.
San Telmo reprocha a la Moncloa que gobierne mirando siempre a Barcelona y nunca a Sevilla, pero no quiere entrar en la cuestión de
fondo que supone la polémica ordinalidad: ¿Debe tener algún límite la solidaridad entre los distintos territorios de España? La cuestión afecta, en realidad a la totalidad del país, con independencia del signo político de los distintos ejecutivos regionales.
En el caso de Andalucía existe además una tradición: por población –8,6 millones de habitantes– e historia, la posición política de la gran autonomía del Sur ha condicionado durante décadas el debate político sobre cualquier fórmula de financiación regional.
Este papel lo ejerció el PSOE andaluz desde comienzos de los años ochenta hasta finales de 2018, cuando Susana Díaz se plegó a los intereses de Sánchez, tras su derrota en las primarias socialistas, y el PP logró conquistar el gobierno de la España meridional.
Moreno Bonilla es desde entonces el único que encabeza este frente social contra la asimetría regional, lo que deja en una posición muy comprometida a María Jesús Montero, la candidata electoral del PSOE en Andalucía y, al mismo tiempo, la ministra encargada de negociar el sudoku de los dineros autonómicos.
La vicepresidenta no ha revelado todavía las líneas maestras de su modelo de financiación –que los partidarios de un concierto catalán estiman insuficientes– pero sí ha dado a entender que desvelará su propuesta después de las elecciones en Extremadura y antes de los comicios en Castilla-León y en Andalucía. En pleno ciclo electoral.
Salvador Illa y María Jesús Montero en la pasada Feria de Abril de Barcelona
Al mismo tiempo ha comenzado a deslizar argumentarios –algunos falaces– para preparar un terreno favorable en el caso de que las negociaciones bilaterales con Catalunya provoquen una revuelta política en el Sur y en otras muchas cancillerías regionales.
Uno de ellos sostiene que, aunque se acate el criterio de ordinalidad, lo que significa quebrar el principio constitucional de la solidaridad interterritorial, Andalucía no va a salir perdiendo –a corto plazo– en términos económicos inmediatos. Obtendría más dinero.
Para hacer verosímil esta teoría los heraldos recurren a la cifra de 4.000 millones correspondientes al déficit de financiación aprobado en 2017 por el pleno del Parlamento andaluz, a instancias de la propia Montero durante su mandato como consejera de Hacienda.
Esta cantidad, sin embargo, no compensaría ni de lejos el quebranto real que para Andalucía (receptora neta de los fondos estatales de solidaridad regional) implicaría un posible concierto catalán.
Se trata de dos batallas paralelas. Por un lado está la reforma del modelo de financiación de las autonomías de régimen general –en el que todavía está Catalunya–; por otro, el impacto que tendría sobre los servicios públicos de todas las regiones, salvo Madrid y Baleares, la desconexión de la Generalitat de la caja común.
Moreno dejó caer hace una semana que su posición ante el nuevo modelo de financiación regional implica el pago de un mínimo de
4.000 millones de euros. De inmediato esta cifra se ha interpretado, sobre todo en los círculos políticos de Barcelona, como una cantidad suficiente para desactivar las críticas de Andalucía.
No es el caso. Estamos ante un juicio demasiado optimista, ya que esta estimación de la infrafinanciación de la Junta tiene una década y debe actualizarse –como mínimo– con la inflación acumulada.
De cualquier forma, los 4.000 millones sólo son el punto de partida –pero no de llegada– de San Telmo. Y lo es porque se trata de la suma aprobada en su día por consenso en el Parlamento andaluz.
Pero esto no significa que tal cantidad satisfaga al Quirinale, que reclamará, en cualquier caso, una aportación equivalente o mayor a la que pueda recibir Catalunya dentro del nuevo modelo general.
Montero no puede pues vender como ganancia la reforma del actual sistema de financiación –caducado hace más de un decenio– porque un posible cupo catalán, que es la batalla mayor, tiene un impacto muchísimo mayor para Andalucía en términos económicos.
Según San Telmo, la pérdida de recursos para el Sur de España que significaría la llamada singularidad de Catalunya, y la correspondiente recaudación de todos los tributos estatales dentro de su territorio, sería de 6.500 millones de euros cada año.
El debate, en realidad, no se circunscribe a estas cifras, que son importantes pero también inevitablemente coyunturales. La discusión tiene un alcance mucho más profundo. Incluso metafísico.
Porque si el PSOE, que siempre ha defendido que las regiones ricas deben ayudar a las que tienen menor renta, aceptase el principio de ordinalidad –un bucle donde lo que un territorio paga al Estado en concepto de tributos debe retornar a ese mismo territorio–, estaría suicidándose en términos políticos en Andalucía. Y dándole a Moreno Bonilla la escritura de propiedad vitalicia de San Telmo.