Un juez ha prohibido la entrada al municipio de Sant Boi de Llobregat a un ocupa multirreincidente que se dedica a usurpar inmuebles para luego vender las llaves a terceros. Así consta en un auto dictado por el juzgado de instrucción 1 de Sant Boi de Llobregat al que ha tenido acceso La Vanguardia. La finalidad de la medida es, en palabras del instructor, “preservar la paz social, el orden de la convivencia y el patrimonio que viene viéndose afectado continuamente por el señor M. M., pues es insistente en su antijurídica conducta”.
Después de que M.M, que acumula numerosos antecedentes, fuese detenido de nuevo tras ocupar otro inmueble, el magistrado, a instancias de la Fiscalía, tomó la decisión de dictarle una orden de alejamiento del municipio que le impedirá volver a entrar a Sant Boi antes de que sea juzgado. En el caso de que ponga un pie en la localidad y sea descubierto, podrá ser detenido de forma inmediata por la policía por quebrantamiento de una orden judicial. La resolución judicial fue dictada el pasado 11 de febrero.
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“La conducta no es puntual, sino continuada, contumaz, repetida y sin visos de mejora” , dice el auto
M.M. es un hombre de nacionalidad española que se dedica a buscar inmuebles o locales deshabitados para tirar la puerta abajo, cambiar la cerradura y luego revender las llaves a terceros. Un negocio habitual entre las denominadas mafias del realquiler al que acuden familias vulnerables como último recurso ante la imposibilidad de encontrar una vivienda o, en algunos casos, incluso sospechando que el método empleado es legal. La actuación de estas mafias complica los procesos de desalojo, puesto que los moradores son personas con pocos recursos que deben ser derivadas a servicios sociales y que no pueden ser desahuciadas por la vía rápida.
El juez justifica la medida porque el individuo acumula multitud de antecedentes. Cuatro condenas, dos de ellas firmes, por delitos de usurpación de bienes inmuebles, cometidos todos ellos en Sant Boi. La primera de esas condenas fue impuesta el 25 de enero del 2022 y la última el 27 de octubre del 2023. Pero, además, el arrestado “es protagonista de un sinfín de atestados policiales de usurpación que, por falta de persecución por parte de la acusación particular, terminan sobreseyéndose provisionalmente”, escribe. Destaca que solo en el mes anterior al actual proceso había sido denunciado en ocho ocasiones por ocupar pisos, tres de ellos en Sant Boi de Llobregat. Y remarca que, entre el 21 de diciembre del 2021 y el 18 de septiembre del 2024, el individuo fue detenido en 21 ocasiones, lo que equivale a una media de siete veces al año o una vez cada dos meses. De todas estas detenciones, cinco se habrían producido en Sant Boi de Llobregat y tres de ellas vinculadas a ocupaciones.
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“El desprecio que el denunciado muestra al orden público y a la paz social, elementos necesarios para la sana convivencia en sociedad, es absoluto, y se traduce fundamentalmente en los continuos atentados contra el patrimonio que el denunciado comete sobre la propiedad ajena”, subraya el magistrado en su auto.
Además, el arrestado se resiste ante los agentes cuando lo intentan desalojar y los amenaza: “Si entráis, os llevo por delante”, les dijo, lo que alimenta su sentimiento “de impunidad”, remarca la resolución. Por ello, el juez considera que la prohibición de entrar en Sant Boi no es desproporcionada, puesto que la conducta del individuo “no es ni puntual, sino más bien continuada, contumaz, repetida y sin visos de mejora por su parte, ni reciente, dado que lleva haciendo de la delincuencia, concretamente de la delincuencia en Sant Boi, su modus vivendi desde hace prácticamente cuatro años”.
Otro de los argumentos que utiliza el juez para justificar el destierro de M.M. es que, a pesar de actuar continuamente en la ciudad, carece de vínculo o arraigo en el municipio, con lo que el hecho de no poder volver a Sant Boi no le supone perjuicio alguno. “Se desconoce que el señor M.M. tenga raíces o vínculos con Sant Boi que hagan del alejamiento una medida desproporcionada. Sus circunstancias personales llevan a considerar totalmente lo contrario. El único vínculo que presenta con esta ciudad es el de ocupar continuadamente inmuebles ubicados en ella”, zanja.
Arrestado in fraganti
M. M. fue detenido cuando había entrado en un segundo piso de la calle Roselló de Sant Boi de Llobregat. Los agentes lo interceptaron y lo detuvieron. Está acusado de un delito leve de usurpación, cuyas penas son de una multa de tres a seis meses. La imposición de una orden de alejamiento, como la que se le ha impuesto, está prevista en la ley, según el juez, y es aplicable en este caso. “A fin de proteger a la víctima, se puede imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, o comunidad autónoma”. Existen precedentes dictados contra carteristas multirreincidentes con órdenes de alejamiento respecto de las zonas donde actúan, como el metro, estaciones de tren o el paseo de Gràcia.
