Los agentes del Seprona tiraron del hilo en una compleja labor de investigación de dos años hasta poder destapar la red dedicada a la importación de 40.000 toneladas anuales de basura urbana desde Italia hasta una planta de tratamiento y después a varios vertedores de Catalunya, la mayoría en la provincia de Tarragona. Los investigadores sospechan que la trama utilizó desde 2021 hasta siete empresas, sociedades casi todas alrededor de la orbita del Grupo Griñó, con sede en Lleida, para dar “apariencia de legalidad” a los movimientos de residuos transfronterizos. La puerta de entrada central se localizó en el puerto de Tarragona.
La mayor parte de la actividad que vienen realizando las siete empresas investigadas es perfectamente legal, destacan fuentes de la investigación. Parte de las pesquisas policiales se centraron en detectar la llegada de los residuos urbanos importados desde Italia, algunos tóxicos, y seguir el circuito que hacían desde su llegada por vía marítima.
La gran dificultad de la investigación, de dos años, estuvo en la “aparente legalidad” de la gestión de residuos
El hilo llevó a los agentes del Seprona, en colaboración con la policía italiana y la Europol, hasta la planta de tratamiento de residuos que Griñó tiene en Constantí (Tarragonès). Entre los miles y miles de toneladas transportadas hasta aquí en camiones y tratadas de forma legal en la planta, el Seprona sostiene que una parte era derivada, sin procesar, en camiones a los vertedores que el grupo gestiona en otros municipios. En concreto, bajo el foco está el vertedero de Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) y el de Almonacid del Marquesado (Cuenca), ambos de grandes dimensiones y desde hace años seguidos con lupa por varias entidades ecologistas.
La operación Rifiuti seguía ayer recabando información y empezando a procesar la gran cantidad de datos obtenidos en los cinco registros realizados ayer en las sedes de las empresas investigadas y en la planta de Constantí. La complejidad del caso hace prever que todo este trabajo será laborioso.
La titular del juzgado de instrucción nº4 de Tarragona empezará hoy a tomar declaración de las 15 personas detenidas o simplemente investigadas en la trama, junto a siete personas jurídicas más, vinculadas a las empresas que ayudaron presuntamente a la red a deshacerse de los residuos.
“Es un delito vinculado al crimen organizado y habrá que ver qué papel tuvo la empresa en llevar un residuo supuestamente tratado cuando no lo estaba. No pararemos, la investigación sigue abierta. Puedo garantizar que quien la hace, la paga”, destacó ayer el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, de visita casualmente en el puerto de Tarragona.
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