Que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) es un organismo público opaco es conocido y sufrido especialmente para los medios de comunicación. Pero a partir de lo que estamos conociendo estos días, descubrimos que esa opacidad ha encubierto el descontrol de la gestión de una función pública muy sensible que tiene la misión de cuidar de niños y niñas vulnerables.
La falta de transparencia que ha habido sobre las actuaciones de la DGAIA ha sido constante, pero al conocer las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes, empezamos a entender qué pretendía ese apagón informativo. La Direcció General de la Infància se creó hace 37 años y ha evolucionado hacia la oscuridad informativa aplicando un manual que consiste en evitar facilitar información amparándose en la preservación de la intimidad de los menores que acogen.
Esa excusa se ha usado sistemáticamente, aunque las preguntas nada tuvieran que ver con los menores sino con la gestión de los centros, las entidades a las que se les adjudica los servicios, el discutible mecanismo de retirada de custodias a los padres sin pasar por una orden judicial, las discrecionales ayudas a los menores y extutelados o el sistema de contratación directa de pisos y residencias, entre otros temas que para nada pretendían entrar en la intimidad personal de los menores.
La Generalitat aplicará un ‘Pla Endreça’ para atajar la crisis de la atención a los menores
Esta situación se agravó a partir de 2018 con la llegada de las primeras oleadas de menores inmigrantes a Catalunya. El descontrol aumentó en la misma proporción que la opacidad. La pésima gestión combinó el aclamado lema de Volem acollir (Queremos acoger) con la incapacidad material y política de llevarlo a cabo. Y todo ello provocó un maltrato en la acogida, un nefasto control de los menores y un conflicto social en la mayoría de municipios que recibieron a aquellos chicos. El resultado de este cóctel ha sido que los Ayuntamientos rechazan las súplicas de la Generalitat para que acojan centros de menores y que aparezcan políticas extremistas que cada día suman más adeptos.
Si el objetivo es la protección pública de estos menores, el servicio y la gestión deben ser exquisitos, transparentes y ejemplares. No debe haber ninguna sombra de duda y si surge, hay que disiparla con rapidez y diligencia. Pero ha sucedido todo lo contrario porque la política de encastillamiento promovida desde la administración nos ha llevado al punto actual con todos los focos mediáticos, políticos, fiscales y judiciales puestos encima. La última prueba de ello ha sido el caso de la niña amparada por la DGAIA que fue violada por una red de pederastas entre 2020 y 2021 y que hemos conocido ahora gracias a la investigación judicial que ha desbaratado el silencio administrativo.
La consellera Martínez Bravo dando explicaciones del caso de la niña violada
El Govern es plenamente consciente de la situación, ha destituido a dos directoras generales de la DGAIA en menos de un año y ha descubierto el descontrol que impera en la gestión de los menores tutelados. Más allá de las comisiones de investigación que se abrirán y de los casos judiciales que se deriven, es necesaria una respuesta política contundente.
En este sentido, la nueva consellera del ramo Mònica Martínez Bravo prepara un Pla Endreça para la DGAIA que presentará en breve y que es fruto del preocupante diagnóstico realizado. El plan busca recuperar el control de la gestión, acabar con actuaciones viciadas y con la tentación de mercadeo con la miseria, apartar manzanas podridas y colocar luz y taquígrafos en este organismo. El descontrol debe acabar y el camino no es otro que la detonación controlada y la refundación ordenada para asumir con garantías una realidad que es muy distinta a la visión ochentera que tuvo la creación de este estamento.
