El Ayuntamiento está redoblando la presión sobre los grupos dedicados al alojamiento turístico ilegal. El Consistorio hizo el año pasado 7.118 inspecciones que dieron pie a 873 procedimietos sancionadores, y los cuatro primeros meses del 2025 hicieron 3.228 inspecciones, que supusieron la apertura de 633 procedimientos sancionadores. Un piso se puede inspeccionar varias veces, pero la mayoría de procedimientos sancionadores suelen referirse a un único inmueble.
Sin embargo, si bien las multas de 60.000 euros amedrentan a la mayoría de particulares que buscan dinero extra, no son tan efectivas con los grupos profesionalizados. Fuentes municipales subrayan que “la capacidad de actuación administrativa tiene limitaciones, y ante estos grupos es necesaria la implicación de otras administraciones que puedan hacer investigaciones más exhaustivas, así como una mayor concienciación de la judicatura y una aceleración de los procedimientos de desahucio civiles”. Además, los inspectores recuerdan que estas tramas llevan sus multas hasta los tribunales contenciosos administrativos, y que corresponde a estos jueces ratificar las sanciones.
El Consistorio reclama una mayor implicación del resto de administraciones
El Ayuntamiento tiene 45 multiinfractores bien detectados, y algunos sospechosos más bajo investigación. “De ellos 26 siguen en activo, y otros 19 no tienen ya anuncios y sus expedientes están ya archivados o a punto de archivarse”. De los entramados aún en activo, 16 gestionan diez o menos pisos cada uno. El resto explota muchos más.
Lee también
Las fuentes agregan que muchas de estas redes, como los rusos que se hacen pasar por expats, se refugian en el alquiler de temporada cuando se ven agobiados. “La falta de regulación hace que estas redes se escondan tras esta actividad. Cuando ordenas la legalización de la actividad turística, se pasan a los alquileres de más de 31 días y se tiene que archivar la legalización. Lo que sigue es el procedimiento sancionador y el desahucio si el propietario lo instó. Es importante que los propietarios de los pisos hagan denuncias por estafa”.
