Cuando el 17 de junio de 2023 fue investido alcalde de Barcelona con los votos de los 10 concejales del PSC, los 9 de BComú y los 4 del PP, poco imaginaba el socialista Jaume Collboni que, alcanzado el ecuador del mandato, seguiría gobernando el Ayuntamiento de Barcelona en solitario, sin haber logrado ampliar su ejecutivo con la incorporación al mismo de alguno de los grupos de la oposición.
Hoy, cuando se cumplen dos años de las últimas elecciones municipales, las del 28 de mayo de 2023, ya hace meses que Collboni se ha hecho a la idea de consumir los cuatro años de mandato con ese mismo diez con el que arrancó. Y también tiene la convicción, confesada en la entrevista publicada por La Vanguardia el pasado domingo, de que es muy probable, casi seguro, que durante estos cuatro años no habrá podido aprobar ningún presupuesto por la vía ordinaria (cada vez más extraordinaria en todas las instituciones), que para sacar adelante las cuentas del 2026 tendrá que volver a someterse a una cuestión de confianza y que no le quedará más remedio que prorrogar en el 2027 los del año que viene.
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Así están las cosas en el Ayuntamiento de Barcelona. Aquí nadie regala nada a nadie, y mucho menos va a hacerlo a medida que se acerque la nueva convocatoria con las urnas en mayo de 2027. Collboni ha hecho de la necesidad virtud y se ha abonado a la práctica de la aritmética variable una vez descartada oficialmente aquella apuesta por un tripartito de izquierdas que, en realidad, ninguno de los tres posibles socios llegó a creerse jamás.
Refuerzo del plan Endreça y apoyo de los gobiernos socialistas para mejorar la seguridad y la vivienda
La falta de socios estables, más allá del respaldo, insuficiente para sumar mayoría, de una ERC en proceso de recomposición y que no molesta en exceso a los socialistas, hará que a partir de ahora Collboni esté condenado a sufrir un poco más de la cuenta para sacar adelante aquellos proyectos que no pueden prosperar con una simple decreto de alcaldía y que requieren de una mayoría del pleno para ser aprobados.
Collboni puede reforzar su plan Endreça –de hecho está previsto que así lo haga– y ampliar el radio de acción de su gestión de limpieza y mantenimiento del espacio público. Puede, asimismo, con la ayuda de los gobiernos socialistas de la Generalitat y del Estado, intensificar la presencia policial en la calle y aprovechar los nuevos recursos judiciales para rebajar la percepción de inseguridad ciudadana. Incluso puede, igualmente en connivencia con los gobiernos hermanos y con las instituciones europeas, abonar el terreno para que algún día, todavía lejano, las políticas de vivienda sean realmente efectivas. Pero necesitará votos de la oposición para sacar adelante por lo menos dos compromisos electorales y de gobierno que marcarán la frontera entre el éxito y el fracaso, la modificación de la ordenanza del civismo y la flexibilización de la norma que obliga a reservar el 30% de cualquier promoción inmobiliaria o gran rehabilitación.
Jaume Collboni, Xavier Trias, Ada Colau y Ernest Maragall, los cabezas de lista de las cuatro principales formaciones políticas del Ayuntamiento de Barcelona. Sólo el primero sigue en el Consistorio
Súmenle a todo ello un acuerdo en torno a las ordenanzas fiscales para el 2026 y verán hasta qué punto resulta lógico que todas las miradas del alcalde Collboni en este momento se dirijan al grupo de Junts, el único que puede garantizarle la mayoría fijada en 21 escaños. En cualquier caso, la formación independentista, que agotada la bala de Xavier Trias en las elecciones del 2023 todavía no ha abierto el debate del candidato en el 2027, no está en absoluto dispuesta a facilitarle la vida a quien les arrebató la alcaldía apenas unos minutos antes de comenzar la última sesión de investidura, el mismo que rechazó un pacto sociovergente alegando obediencia debida a un acuerdo de izquierdas que acabaría en la papelera.
En el pleno municipal del viernes
Otra reprobación tácita en camino
La minoría con que gobierna Collboni ha propiciado que tanto él como algunos de los miembros más destacados de su gobierno vayan acumulando reprobaciones. Raro es el pleno en que no se sustancia alguna. En el del próximo viernes habrá una nueva oportunidad. Junts ha presentado una iniciativa para constatar “la incapacidad de Collboni para llegar a acuerdos” y denunciar sus “ incumplimientos reiterados”. Así lo anunció ayer la portavoz del principal grupo de la oposición, Neus Munté, que explicó que su propósito es poner de manifiesto “la incapacidad de este gobierno para gobernar la ciudad, su debilidad estructural con solo 10 concejales de 41, la constante práctica de anunciar proyectos que nunca llegan a materializarse y los reiterados incumplimientos de la gran mayoría de acuerdos impulsados por los grupos en plenario, comisiones o distritos”.
En los dos años que faltan para las próximas elecciones, Collboni deberá extremar sus dotes de equilibrista para preservar la centralidad política que aspira a ocupar definitivamente en el 2027. Los sectores económicos que esperaban que con su llegada a la alcaldía se produciría un giro radical respecto a algunas políticas desarrolladas por su antecesora en el cargo, Ada Colau, sobre todo en materia de movilidad y fiscalidad aplicada al turismo, se sienten bastante decepcionados ante lo que consideran una línea continuista del actual gobierno municipal. Pero el PSC no está dispuesto a ceder terreno por la izquierda a los comunes, a los que hace dos años superaron por tan solo 341 votos.
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La incógnita en torno a un regreso de la exalcaldesa en las elecciones del 2027 –hoy por hoy solo una posibilidad bastante remota– añade picante a la relación tempestuosa que socialistas y comunes vienen manteniendo en el Ayuntamiento de Barcelona prácticamente desde el día después de la investidura de Collboni. De aquí a final de mandato los contados acuerdos que puedan cerrar las dos formaciones, como el del proyecto ejecutivo para completar definitivamente la conexión de los tranvías a través de la Diagonal, se producirán por la simple razón de que son inevitables.
