48 horas de plazo para eliminar los anuncios de pisos turísticos ilegales y que no se vuelvan a publicar. Esta es una de las condiciones incluidas en la propuesta del nuevo convenio que el Ayuntamiento de Barcelona ha enviado este martes a Airbnb.
De esta manera, el gobierno municipal de Jaume Collboni eleva sus exigencias y pide a la plataforma que reduzca el tiempo para desactivar estos anuncios, cuando ahora era de unos 15 días. En el caso de que se trate de una publicación reincidente, la eliminación será inmediata.
Otras exigencias municipales son que antes de publicar un anuncio se verifique la identidad del anfitrión y que la dirección corresponda con la de la licencia. Además, piden la cesión de los datos de los titulares de las cuentas bancarias donde reciben los pagos de las operaciones realizadas en la plataforma a fin de “reforzar la trazabilidad de las transacciones y la lucha contra el fraude”.
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Por otro lado, el Ayuntamiento propone un sistema web de “desactivación rápida” de los pisos turísticos ilegales ofertados ya que actualmente ha de notificar los que detecta enviando una carta a la sede de la plataforma en Irlanda. En el último listado mensual, los equipos municipales han contabilizado unos 350 anuncios de pisos turísticos ilegales, de los que la plataforma todavía está dentro del plazo para suprimirlos.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, se mostró confiada en que Airbnb acepte sus demandas, las que calificó de “sentido común” y advirtió que “no darán ni un paso atrás”.
Un plazo de quince días
El Consistorio ahora da un plazo de quince días para esperar la respuesta de la plataforma y en caso de que sea negativa o no haya contestación, el Ayuntamiento emprenderá “todas las acciones por la vía civil, administrativa o penal” que considere oportunas, aseguró Bonet. Por su parte, fuentes de Airbnb se limitaron a comentar que examinarán y valorarán la propuesta del Ayuntamiento.
Esta proposición llega después de la reunión mantenida el 17 de junio encabezada por el alcalde Jaume Collboni y los responsables de la plataforma. El nuevo convenio de colaboración ha de sustituir al firmado en 2018 y que ya ha caducado.