El Govern subirá el transporte público según el IPC y bajará las bonificaciones
Movilidad
Territori aspira a destinar los 220 millones en subvenciones a mejorar el sistema
Una joven trata de conseguir un título de transporte en una estación de metro de Barcelona
Las bonificaciones del 50% que se aplican a determinados títulos de transporte suponen un gasto público cercano a los 220 millones de euros para Catalunya, que aporta el 20% de ese porcentaje. Si este fuera un Estado diminuto del centro de Europa o un país con petróleo debajo de cada piedra, sería una cifra inocua. Pero en un país en el que los presupuestos se sudan euro a euro, es un dineral que, invertido en la red de buses, trenes metros y tranvías, supondría una mejora significativa de la eficiencia del sistema.
En este pensamiento se asienta la hoja de ruta del Govern, que lleva ya tiempo insistiendo en que las ayudas deben empezar a volver a la senda del apoyo quirúrgico, en función de la situación social del viajero. Lo volvió a defender ayer el secretario de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una jornada sobre movilidad organizada por la Diputación de Barcelona, y fue un poco más allá al recetar, para próximos ejercicios, incrementos tarifarios en arreglo al IPC, además de la “racionalización” de las subvenciones en vigor.
El viajero paga hoy cerca del 30% del coste real del billete; antes de la covid asumía casi el 50%
Sucede un poco como con los peajes. A ver quién es el valiente que vuelve a cobrarle a los conductores. Sucederá, pero tocar el bolsillo del contribuyente para mal no es plato de buen comer para ningún gestor. Lo mismo pasa con la T-Jove y la T-Usual, tarjetas rebajadas al 50% desde septiembre del 2022. Tiene lógica que el dinero se destine a mejorar el transporte público, pero eliminar las ayudas, de las que a diario se benefician centenares de miles de catalanes, lo necesiten o no, es una maniobra política arriesgada, amén de los pactos de gobierno que atan de manos. De ahí que se busque una retirada por fases. Es decir, de cara al 2026, una opción a contemplar sería que el Estado mantenga un 10% de bonificación y que la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ponga otro 10%, de manera que se pase del 50% al 30%. A esto habría que añadir el incremento medio de la tarifa en base al IPC, puesto que, si no se aplica, la Administración debería asumir unos 100 millones más de gasto cada año.
El de poner fin a las bonificaciones no es un mensaje nuevo. El primero en señalar este camino fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ya en diciembre del 2023, en una visita a Barcelona, dijo que el fin de las ayudas era “un horizonte no muy lejano”. Poético, pero poco concreto. En noviembre del año pasado, el propio Nadal se manifestó en el mismo sentido: “Desde el Govern nos gustaría que se mantuvieran las bonificaciones, pero no hasta el 50% porque el coste es inasumible”. Se renovaron hasta junio, y ahora hay seis meses más hasta el 31 de diciembre, cuando es más que probable que las cosas empiecen a cambiar.
Susi López, directora general de Transports i Mobilitat, recordó ayer que, antes de la pandemia, el viajero pagaba casi el 50% del coste real del billete. Ahora, dijo, con las bonificaciones solo asume el 30%. “El tema de la tarifa se tiene que replantear”, defendió con sutileza. Citó el despliegue pendiente de la T-Mobilitat, instó a unificar datos entre operadores para monitorizar los desplazamientos y así ofrecer un servicio a medida, recordó las carencias en Rodalies y dijo que la diáspora poblacional obligará a destinar recursos al transporte público de la periferia. Cosas que valen mucho dinero. Y que para nada, como sí sucede aún con las bonificaciones universales, tienen el presupuesto garantizado.