Se empieza a cerrar el círculo en torno a la denominada compra especulativa de viviendas. Primero fue el president Salvador Illa quien en el Parlament, el pasado 22 de octubre, abrió la puerta a estudiar la prohibición de la adquisición de pisos como mero bien de consumo. “Todo lo que se pueda hacer con cierto realismo para garantizar la vivienda como un derecho, lo haremos”, aseveró el líder del Ejecutivo catalán. Los Comuns recogieron el guante y han trazado una doble estrategia en la cámara catalana y en el Ayuntamiento. El jueves, este grupo parlamentario registró en el Parlament una proposición de ley con la que pretenden dotar a los consistorios catalanes de las herramientas para, a través de planes especiales, prohibir la compra especulativa de vivienda. el testigo ha llegado este viernes al pleno municipal de la capital catalana, con una proposición de BComú que insta a, en un plazo de seis meses, a elaborar esa hoja de ruta que permita “limitar las compras especulativas en la ciudad”.
La medida se ha aprobado con los votos favorables de ERC, PSC y Comuns. En contra, Junts, PP y Vox. De nuevo, aparición del tripartito en Barcelona, como ya pasó en el pasado pleno para, por ejemplo, dar salida a la conexión pendiente del tranvía por la Diagonal. También estos tres grupos municipales están negociando los presupuestos del 2026. Janet Sanz ha sido la encargada de presentar la proposición. Ha empezado poniendo ejemplos, con nombres y apellidos, de barceloneses que, a su modo de ver han sido víctimas de los fondos de inversión y de la especulación. “Están comprando casas para forrarse y esta proposición busca pasar a la acción”, ha resumido la presidenta del grupo municipal de BComú.
Trabajamos para que la vivienda sea un derecho de los ciudadanos y no una mercancía para especular”
Esquerra ha votado a favor, quizás, por ahora, más por obligación moral que por convicción, puesto que, han defendido, “hace falta rigor y fortaleza legal”. Albert Batlle (PSC) ha defendido el deseo del gobierno de Jaume Collboni de que la vivienda “sea un derecho y no una mercancía para especular” y ha avanzado que no les temblará el pulso. Ha añadido, no obstante, que será necesario esculpir medidas “muy sólidas para evitar terminar en los tribunales”. “Trabajaremos con rigor técnico y seguridad jurídica”, ha resumido el teniente de alcalde de Seguridad. Por el momento, el único aval científico es un informe del Pla Estrtatègic Metropolità de Barcelona en el que se concluye que legalmente viable limitar la compra de viviendas cuando no se destinan a la residencia habitual en zonas de mercado tensionado.