La falta de datos impide diseñar un plan para reducir el sinhogarismo en Catalunya
Pobreza
Un comité de expertos urge a hacer censos anuales y a mejorar la coordinación entre las administraciones
Una persona duerme al raso, en la plaza Vicenç Martorell, este fin de semana
“Los datos sobre sinhogarismo en Catalunya son incompletos y con frecuencia inconsistentes; esto implica que hoy no tengamos un diagnóstico preciso del fenómeno. Aún así, las cifras sugieren que el sinhogarismo es un problema significativo en Catalunya”. Esta es una de las afirmaciones vertidas en el informe Estratègies contra el sensellarisme , encargado por el Departament de Drets Socials al Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (Cetis), que se ha presentado esta mañana en Barcelona. Desde la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hasta los cinco expertos autores de este trabajo subrayan que no existen estadísticas fiables aunque sí reconocen que el número de hombres y mujeres sin hogar se mantiene al alza. El Cetis indica que la crisis de la vivienda está detrás del 62% de los casos de sinhogarismo en Catalunya.
A pesar de que los números hay que cogerlos con pinzas, según han reiterado los investigadores por la escasa fiabilidad de las estadísticas disponibles, utilizan los resultados de una encuesta del INE del 2022 para determinar que un 32% de las personas sin hogar había sido desahuciada, a un 16% se le había acabado el contrato de alquiler y un 14% no podía pagar las mensualidades. Los problemas relacionados con la vivienda suman así el 62% de situaciones de sinhogarismo (el 38%, en el conjunto de España), según el INE. La pérdida del trabajo y la separación de la pareja afectó al 27% y al 18%, respectivamente. Un 42% de los que acaban sin hogar son mujeres; el 46%, españoles, y el 56% responde no tener a nadie que le pueda ayudar, según informaciones sacadas del INE.
La alarma, especialmente en Barcelona, por el incremento de personas durmiendo al raso ha centrado el debate en los últimos meses y el ayuntamiento no ha escondido su malestar por la falta de implicación de la Generalitat en este asunto. El informe no se limita a los ciudadanos que pernoctan a la intemperie sino también a los que están en alojamientos temporales; los que residen en viviendas inseguras por violencia doméstica, por órdenes de desahucio o por vivir en habitaciones realquiladas, y los que subsisten en barracas o en condiciones de hacinamiento.
“Si no sabemos cuántas personas no tienen un hogar no podemos resolver el problema”, destaca la presidenta del Cetis, Rosa Alarcón. Son pocos los ayuntamientos que hacen recuentos y la información disponible hace referencia a plazas ocupadas en centros y servicios, pero no a la demanda. Los datos más recientes salen de la encuesta completada por los responsables de las áreas básicas de servicios sociales (ABSS), según la cual en el 2022 había 39.035 ciudadanos sin techo, en alojamientos temporales o que vivían en hogares inseguros o inadecuados.
“Proponemos un censo anual en toda Catalunya lo que permitiría realizar un diagnóstico útil para la toma de decisiones, la creación de una oficina autonómica que coordine todos los departamentos de la Generalitat y actuar antes de que pierdan su casa con un programa para prevenir los desahucios”, ha explicado Libertad González, investigadora de la UPF que ha participado en la elaboración del informe junto con Sara Ayllón, de la UdG; Salvador Busquets, de Càritas; Alba Lanau, de la UPF, y Alberts Sales, del Institut Metròpoli.
Sales aboga por superar estereotipos, sacar de la centralidad del debate las personas que duermen en la calle pues hay situaciones muy diferentes. Alerta de que “a nivel europeo el mundo local está desbordado por el sinhogarismo” e insiste en la necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes departamentos de la Generalitat y los ayuntamientos.
Martínez Bravo apunta que se trasladarán gran parte de las recomendaciones formuladas en dicho informe a la proposición de ley para erradicar el sinhogarismo que está en el Parlament. “Se debe avanzar para que tenga un amplio consenso”, ha añadido ante representantes de las entidades sociales promotoras de la norma, que temen que tarde demasiado en llegar a buen puerto.