¿Hasta qué punto tener un empleo es un antídoto infalible ante la exclusión social? Esta es una de las preguntas que se formularon los autores del Informe Foessa, presentado esta mañana por Càritas en Barcelona. La mejora de los indicadores económicos en los últimos años en Catalunya no ha evitado la persistencia de una bolsa de trabajadores pobres, en concreto 1,4 millones de personas. Esto supone que el 38% de la población ocupada “se encuentra en una situación de precariedad laboral”, alerta Càritas. Pero si analizamos el colectivo de los menores de 30 años este porcentaje aumenta hasta el 65%.
Càritas indica que el 13% de los trabajadores que sufren precariedad tienen estudios universitarios, el 15,3% están en situación administrativa irregular, el 52% son hombres y el 48% mujeres. Un dato relevante pone de relieve que más del 55% de los ciudadanos que sufren exclusión social en Catalunya residen en hogares donde el sustentador principal trabaja. La dificultad para acceder a una vivienda asequible sumado a la fragilidad laboral son factores que empujan a 1,35 millones de personas (17% de los catalanes) a la exclusión social, destaca la entidad.
Más del 32% de los menores de 18 años sufre exclusión social frente al 4,5% de los mayores de 65
Durante el periodo 2018-2024 se evidencia un aumento del 13,8% de las personas ocupadas en Catalunya, concentrado especialmente en el sector servicios, “frecuentemente con baja remuneración y estabilidad”, y en la construcción. Pero, subraya Càritas, la mejora de la ocupación no se ha visto acompañada de un crecimiento de los salarios en términos reales por la elevada inflación a partir del 2021.
El informe Foessa señala que, a pesar de ciertos logros, como la reforma laboral del 2021, se perpetúan escollos que lastran el avance en este ámbito. Càritas recoge que más del 37,7% de los trabajadores perciben ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, lo que impide cubrir necesidades básicas y los aboca a la vulnerabilidad; el 14% ha sufrido inestabilidad contractual y el 15,4% discontinuidad. Casi una quinta parte de la ciudadanía con un empleo gana menos de 1.000 euros mensuales. Las peores condiciones las sufren las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes, “que afrontan segregación y menos movilidad profesional”. Càritas introduce también el concepto de “precariedad subjetiva”, que mide la percepción de inseguridad laboral y la confianza en la posibilidad de mantener o encontrar una ocupación y que afecta al 17,3% de la población.
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Trabajar no blinda contra la pobreza y la vivienda “es el principal factor de desigualdad”, explica Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación Foessa. Un total de 568.000 hogares en los que viven dos millones de personas sufren precariedad residencial y más del 13% de la población cae en pobreza severa después de satisfacer los gastos de la vivienda.
Flores ha añadido que, por primera vez, las generaciones jóvenes viven y vivirán peor que las de sus progenitores. Un empleo precario y el dificilísimo acceso a la vivienda retrasan la emancipación hasta los 30,3 años de edad de media.
Caye Gómez, del Observatori de la Realitat Social de Càritas Catalunya, pone de manifiesto que “la exclusión social se hereda”. El riesgo de sufrir privaciones materiales se triplica para quien ha crecido en el seno de una familia pobre y la probabilidad de tener una ocupación poco cualificada se multiplica por 2,4.
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En la línea de los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida que indican que cerca del 35% de los menores de 16 años sufren pobreza en Catalunya y el 40,6% en la ciudad de Barcelona, el análisis de Foessa concluye que el 32,2% de los ciudadanos de hasta 18 años de edad evidencian exclusión social en comparación con el 15,1% de la franja de 18 a 29 y del 4,5% de los mayores de 65. Flores añade que el indicador de exclusión social, creado por Foessa, va más allá de la pobreza, utiliza un total de 37 indicadores poniendo énfasis en parámetros relacionados con el empleo, la vivienda, la salud, la participación ciudadana, los vínculos o la soledad.
Todos estos ingredientes crean “un clima constante de incertidumbre, alimentan el miedo y fragmentan la convivencia”, advierte Salvador Busquets, presidente de Càritas Catalunya, quien reivindicó un año más la implantación de una prestación universal para la crianza y un pacto de estado por la vivienda. Y deplora que la sociedad haya normalizado que los jóvenes tengan que vivir con salarios muy bajos.
