No es la Constitución que nos dimos entre todos pero sí será la modificación de la ordenanza del civismo que pactaron una mayoría holgada. El Ayuntamiento ha dado este jueves el penúltimo espaldarazo –falta el plácet final, que llegará en el pleno municipal previsto para el 19 de diciembre– a la reforma de esta normativa que a todas luces ha quedado desfasada tras 20 años de vigencia en los que Barcelona ha cambiado mucho y las multas se han cobrado más bien poco, un 16% del total impuesto en los dos últimos años. Ha cambiado en diversidad, en turismo, en ocupación del espacio público y en nuevas modas sociales. Han desaparecido los trileros, pero los grafiteros se han multiplicado y beber en la calle ya es tan barcelonés como el Bicing. A todo ello pretende dar respuesta el documento que han votado favorablemente el PSC, Junts y ERC, 26 concejales de los 41 que forman el Consistorio. Se oponen BComú y Vox, mientras que el PP hizo reserva de voto y desempatará en el pleno.
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Albert Batlle, teniente de alcalde de Seguridad, ha hablado este jueves desde un cierto alivio administrativo. El que brinda cerrar dos años de debate que se han traducido en 3.500 páginas de una ordenanza que encarece la cuantía de algunas faltas, como el botellón o la venta ambulante, e incluye infracciones que antes no aparecían, como no diluir el pis de perros con agua, las rutas etílicas o captar clientes en la calle para que entren en locales de productos cannábicos. “La convivencia es una manera de entender la ciudad, no es solo cumplir determinadas normas”, ha aseverado el veterano concejal del PSC, que ha pedido “corresponsabilidad” a la ciudadanía y ha agradecido el savoir faire de los grupos municipales, “hayan votado a favor o en contra”.
Batlle (izquierda) y Coronas charlan animosamente tras la comisión celebrada este jueves
La concejala del PP Sonia Devesa ha resumido bien el acuerdo alcanzado entre gobierno y parte de la oposición para sacar adelante la norma. “Esquerra presume de haberla suavizado y Junts dice que la ha endurecido”. Ha dicho. Ese ha sido un poco el guion de una tarde que se ha parecido bastante al debate que en el 2005 dio pie a la primera aprobación del marco legal que regula la convivencia en el espacio público. Entonces, la Iniciativa que lideraba Imma Mayol, que formaba parte del gobierno de Joan Clos, votó en contra de un documento que, a su modo de ver, “estigmatiza aún más” a determinados colectivos, como personas sin techo y prostitutas. “Mezcla problemas de raíz social con actos irresponsables, delictivos o incívicos”, defendió la concejala ecosocialista.
El puñal
Jordi Martí (Junts) celebra un pacto que permite avanzar “contra la degradación del espacio público”
Este jueves, 20 años después, el edil de BComú Marc Serra ha usado un argumentario muy parecido: “¿Alguien cree que los barceloneses más vulnerables podrán pagar 1.500 o 3.000 euros de sanción? No funcionará, y esto generará más frustración entre la ciudadanía. Lo que hace falta es más trabajo de prevención y multas más ponderadas”. La modificación de la ordenanza del civismo, ha explicado, “reincide en un modelo fracasado”, razón por la cual ha blandido, como pasó en diciembre del 2005, el voto contrario de la bancada municipal situada más a la izquierda.
Marc Serra expone el punto de vista de los comunes, en la comisión de este jueves
Jordi Martí (Junts) ha celebrado un acuerdo que permite avanzar contra “la degradación del espacios público” y ha elogiado que el nuevo marco normativo venga acompañado de un sistema de fiscalización periódico. Batlle le ha concretado un poco más: reuniones cada dos meses para ver cómo vamos en el cumplimiento, las sanciones, el cobro a los turistas o las medidas alternativas para evitar la multa. “A partir del 20 de diciembre, le corresponde al gobierno aplicarla. Seremos exigentes”, ha advertido el líder neoconvergente.
Jordi Coronas (Esquerra) ha recordado que la ordenanza no debe ser “una herramienta solo punitiva” y ha celebrado el equilibrio entre el castigo, “la proporcionalidad, la mediación y la protección de los más vulnerables”. Devesa ha hablado de un documento que se convierte “en una amnistía encubierta del incivismo”, mientras que Gonzalo de Oro-Pulido ha votado en contra porque, según su punto de vista, se queda corta y es una “mera operación cosmética”. Diversidad de opiniones, pero todo muy cívico.