Alcanar y el Govern sellan el acuerdo para poder trasladar a los primeros desahuciados climáticos
Emergencia climática
El pacto permitirá que la Generalitat se haga cargo del coste económico de derruir la decena de casas construidas legalmente en medio de un barranco, epicentro de cinco graves inundaciones en siete años
La urbanización de l'Estona, en Alcanar, vivirá si se cumple lo previsto los primeros diez desahucios climáticos
El Ayuntamiento de Alcanar (Montsià) y el Govern rubricaron ayer el convenio para hacer realidad el traslado de las familias de las diez casas ubicadas junto al barranco del Llop, amenazadas por las recurrentes inundaciones cada vez que hay un episodio de lluvias torrenciales, cinco veces en siete años. Los afectados serán, si se cumple lo previsto, los primeros desahuciados climáticos de Catalunya y unos de los primeros del sur de Europa.
El precio de las casas a derruir
Las negociaciones entre el Ayuntamiento y los propietarios afectados avanzan a buen ritmo, una vez finalizadas las tasaciones
El acuerdo establece que será la Generalitat quien asumirá el coste económico de los desahucios, una cuantía que todavía no se ha cerrado pero que sería inasumible para el Ayuntamiento de Alcanar, de poco más de 10.000 vecinos. “Cumplimos con una deuda histórica con el pueblo de Alcanar”, destacó ayer Albert Dalmau, conseller de la Presidència de la Generalitat.
“Es un acuerdo histórico, que va mucho más allá del ámbito administrativo, se trata de facilitar el traslado de las personas más vulnerables al cambio climático”, añadió Joan Roig, ayer alcalde de Alcanar hasta que en el pleno municipal de la tarde se oficializó su relevo.
Joan Roig, alcalde de Alcanar
“Es un acuerdo histórico, se trata de facilitar el traslado de las personas más vulnerables al cambio climático”
Con la tasación de las diez viviendas ya realizada por los técnicos, el Consistorio ha empezado a dialogar con los propietarios afectados. Los vecinos siempre han puesto como condición para irse de sus casas que el precio fuera “justo”. No ha trascendido ninguna cantidad, pero la tasación satisface a la mayoría de propietarios, confirman fuentes municipales.
“Son valoraciones favorables a los vecinos, somos muy optimistas”, explicó ayer Joan Roig (ERC), alcalde de Alcanar, antes de presidir el pleno municipal que sirvió para oficializar por la tarde su dimisión por el “desgaste psicológico” de las inundaciones y elegir a Marc Chavalera (ERC), hasta ahora edil de Economía, como su relevo después de siete años en el cargo (2018-25).
Reducir el riesgo de toda la urbanización
El derribo de las diez casas dará espacio al barranco y su salida hacia el mar, con beneficios para el resto de vecinos
El calendario para hacer efectivo el traslado de los vecinos también se ha puesto encima de la mesa de negociación entre Ayuntamiento de Alcanar y Generalitat. El Consistorio canareu quiere que para el próximo otoño (2026), cuando hay más inundaciones catastróficas, los vecinos no estén ya en las diez casas afectadas. Si se cumple el optimismo municipal, a principios de año se podría cerrar un acuerdo con todos los propietarios, el primer paso, indispensable, para activar el plan urbanístico en la urbanización l'Estona.
En el margen de dos años, la Generalitat confía que se haya podido llevar a cabo la obra para derribar las casas situadas en medio del barranco. La intervención incluye además una intervención para dar espacio al barranco del Llop y su salida natural hacia el mar, lo que permitirá a priori reducir los daños al resto de casas de la urbanización de l'Estona.
Justo en la misma franja litoral, enfrente de la urbanización y las diez casas afectadas, está el camping dels Alfacs. Es un punto muy sensible cada vez que hay inundaciones graves. “Nos preocupa el camping”, admitió ayer el conseller Dalmau.
Un estudio encargado por el Ayuntamiento de Alcanar acerca de las inundaciones apunta a la necesidad de expropiar parte de la instalación del camping dels Alfacs por el riesgo cada vez que hay lluvias torrenciales. El Govern de la Generalitat y la propiedad del camping, familiar, hace meses que buscan soluciones. No se descarta que parte del equipamiento se deba expropiar y compensar también a la propiedad.