El exalcalde de Badalona (Barcelonès Nord), Rubén Guijarro, ha asegurado este miércoles que “nunca” dio directrices ni dijo cuándo debían abrirse expedientes sancionadores cuando fue concejal de Urbanismo del consistorio. Así lo ha asegurado durante su declaración en el juicio por el que la Fiscalía de Medio Ambiente le pide, junto a otros dos funcionarios, cuatro años de cárcel y 16 de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio.
Guijarro ha dicho que él “sólo firmaba” los expedientes y que no tuvo conocimiento de los hechos hasta que llegó la denuncia de fiscalía. Los otros dos acusados explicaron que si no abrieron expedientes sancionadores desde el primer momento era porque primero se abría un proceso de restauración urbanística.
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Los hechos juzgados se remontan a los años 2018 y 2019, cuando Rubén Guijarro era concejal de Urbanismo del gobierno del también socialista Àlex Pastor -Guijarro fue alcalde después, entre 2021 y 2023. Fiscalía le acusa, junto con los entonces jefes de disciplina urbanística y de la unidad jurídica de Urbanismo, de permitir construcciones ilegales que los Agentes Rurales habían alertado de que se habían hecho en parcelas del espacio protegido de la Serralada de Marina.
Concretamente, les acusa a los tres de no abrir expedientes sancionadores al tiempo que se abría un proceso de restauración de la legalidad urbanística por unas actuaciones “totalmente contrarias a la normativa urbanística municipal y autonómica”.
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Además, cuando en enero de 2020 finalmente lo hicieron, una vez recibida la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, les reprocha que el expediente sancionador se incoó contra los propietarios de las fincas y no contra los ocupantes de los terrenos y responsables de realizar las construcciones. Algo que el fiscal ha calificado de “surrealista”.
Durante su declaración, Rubén Guijarro ha reconocido que en su momento “no tuvo conocimiento de los hechos” porque en un ayuntamiento como el de Badalona se tramitan miles de expedientes y que su trabajo no iba más allá de comprobar que los informes tuvieran las firmas pertinentes y poner la suya. “A mí me correspondía velar por el buen funcionamiento del municipio y por el cumplimiento del programa, no entrar en el trabajo técnico y jurídico de los que saben”, ha añadido.
El exalcalde también ha dicho que no conocía personalmente a los otros dos acusados porque en Urbanismo trabajaban más de 600 personas y que, por tanto, nunca se reunió con ellos para tratar la cuestión. Tampoco ha dicho conocer ni a los propietarios ni a los ocupantes de ninguno de los terrenos.
Los técnicos no se podían ver influidos
El jefe de servicio de disciplina urbanística, instructor de los expedientes, explicó que el procedimiento que utilizaban era abrir un proceso de restauración urbanística antes de aplicar sanciones, y que esto lo hacían siempre por separado. También que la demanda de restauración la hacían tanto contra el propietario como contra el ocupante y que en los nueve expedientes abiertos en ocho se restauró el espacio.
El funcionario técnico ha defendido la forma de actuar de su departamento destacando que aplicaban siempre el mismo criterio y que éste no se podía ver “influido o variado” por los diferentes gobiernos municipales. Aquí, recordó que voluntariamente entregó los nuevos expedientes a la Fiscalía de Medio Ambiente para demostrar que desde el primer momento persiguieron las infracciones detectadas y que nunca quisieron ocultarlas.
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A su vez, el jefe jurídico de Urbanismo, ha explicado que fue a su criterio “y sin recibir indicaciones de nadie”, que se sancionó a los propietarios y no a los ocupantes de los terrenos porque las construcciones detectadas por los Agentes Rurales, en base a la legislación vigente, “no tenían la entidad necesaria”. Aquí, ha recordado que los propietarios “tienen sus obligaciones” aunque sean a título de “simple observancia”.
El funcionario ha reconocido que, echando la vista atrás, quizá debería haber tenido en cuenta los usos de los terrenos más que la construcción que había, y ha destacado que ninguno de los nuevos propietarios sancionados haya abierto un proceso contencioso administrativo.
Piden la absolución, nunca intentaron beneficiar a nadie
Por último, los peritos jurídicos han apuntado que normalmente las sanciones se incoan contra los propietarios y que la ley no obliga a que la demanda de restauración y el proceso sancionador se hagan de forma “simultánea”.
A la hora de las conclusiones finales, la Fiscalía mantuvo la pena de cuatro años de cárcel, 16 de inhabilitación y una multa de 7.800 euros para los tres acusados. En cuanto a la abogada de la defensa, Olga Tubau, pidió la absolución porque entiende que nunca escondieron las infracciones y porque nunca intentaron beneficiar o perjudicar a nadie.