Los socialistas de Badalona (Barcelonès Nord) han denunciado en un comunicado la falta de voluntad política del gobierno, que lidera Xavier Garcia Albiol, para ofrecer una “salida real” a los vecinos afectados por el hundimiento de febrero del 2024 en la manzana de la calle Canigó, en el barrio del Raval, que hace un año y medio se cobró tres víctimas mortales y donde aún se mantienen 300 pisos apuntalados.
Los socialistas informan que la Generalitat, a través del Institut Català de Finances y el Departament de Territori, ofreció al ayuntamiento la posibilidad de canalizar préstamos blandos para rehabilitar los edificios y paliar la situación de emergencia residencial en la que viven muchas de las familias.
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Por su parte, fuentes del gobierno municipal han indicado que “estamos buscando la mejor solución” para los vecinos, desde los servicios jurídicos municipales. Una solución, matizan, “que sea técnicamente factible” y que no llegue a “comprometer patrimonialmente al Ayuntamiento”.
Precisamente, el presidente del grupo municipal del PSC de Badalona, Fernando Carrera, ha revelado que el PP ha rechazado la opción de canalizar los préstamos argumentando que tal extremo “endeudaría al ayuntamiento”, una respuesta que el socialista considera “inadmisible e irresponsable”. “Hablamos de vecinos que viven con miedo en edificios con riesgo de colapsar y el gobierno de Badalona decide no ayudarles por una cuestión burocrática e ideológica” incide Carrera. El líder socialista asegura que “es falso que el Ayuntamiento no pueda asumir esta fórmula, sólo hace falta voluntad política para ayudar a las familias”.
Puntales en uno de los pisos de los bloques afectados de la calle Canigó .
Carrera ha remarcado que el rechazo pone de manifiesto el “desinterés del gobierno del PP en ofrecer soluciones” a lo que aseguran que es una de las crisis habitacionales más graves que ha vivido la ciudad en los últimos años. Desde el PSC reclaman una rectificación inmediata y que el “Ayuntamiento acepte colaborar con la Generalitat” para hacer llegar las ayudas a los vecinos que lo necesiten con urgencia.
Por su parte, la portavoz de la Generalitat y Consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, aseguró ayer en una comparecencia que siguen trabajando en una solución de financiación para los vecinos de la manzana de edificios de la calle Canigó de Badalona. Los edificios deben someterse a una renovación integral pero muchos vecinos no tienen capacidad económica para hacerlo y reclaman ayuda, más cuando este pasado lunes se ordenó el desalojo en el bloque de la calle Àusias March. “Les hemos ofrecido apoyo financiero, pero hay familias que no pueden afrontar un préstamos” explicó. Paneque detalló que se trabaja para que el Ayuntamiento “avale” las operaciones con el Institut Català de Finances.
Avales de dudosa legalidad
Ante las declaraciones de la consellera, el grupo parlamentario del PP ha presentado un requerimiento para interrogar a Sílvia Paneque sobre la propuesta de que el Consistorio avale a los propietarios. Citan el texto legislativo que establece que para facilitar la realización de obras y prestación de servicios de competencia municipal, el Ayuntamiento puede conceder su aval a las operaciones de crédito, cualquiera que sea la naturaleza y siempre de forma individualizada para cada 0peración, que concierten personas o entidades con las que aquellas contraten obras o servicios, o que exploten concesiones que deban revertir en la respectiva entidad.
Aseguran los populares que la citada regulación es taxativa y muy rigurosa, y explicita que fuera de estos supuestos los ayuntamientos no puede conceder aval a ninguna entidad ni persona pública o privada, para realizar ninguna obra de reforma en una propiedad privada.
Los vecinos obligados a convivir en sus viviendas con los puntales de sujeción .
La manzana de las calles Canigó, Llefià y Ausiàs Marc de Badalona continúa con más de 315 pisos apuntalados y dos bloques de veinte viviendas cada una precintadas, un año y medio después del derrumbe de febrero de 2024. Los vecinos conviven con los puntales y desde finales de año todas las comunidades tienen ya los proyectos de reforma necesarios.
Sin embargo, el problema de financiación les persigue desde el primer día. En la zona viven muchas familias humildes que no pueden asumir el coste de unas reformas que oscilan entre 20.000 y 25.000 euros por vivienda. Además, año y medio después de los hechos los nervios vuelven a sobrevolar el barrio, después de que este lunes se ordenara un nuevo desalojo.
