La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha convocado una concentración este jueves 4 de diciembre en rechazo al Código Penal Militar que en la jornada de mañana sentará en el banquillo de los acusados a un agente de la Guardia Civil. La concentración está teniendo lugar a las puertas del Juzgado Militar de Santa Cruz de Tenerife.
El agente está acusado de un delito de abandono de residencia por haberse trasladado a la Península mientras se encontraba de baja. Los hechos por los que se le acusa ocurrieron cuando el guardia civil, destinado en el acuartelamiento de Las Américas, se encontraba de baja tras sufrir un accidente durante el verano de 2024.
A juicio
La Guardia Civil sostiene que “no existía contraindicación médica” que impidiese el traslado del agente a Granada
Según detalla la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el agente se habría desplazado a Granada para visitar a sus familiares y poder ser atendido por ellos durante su baja. Este traslado, sostiene el cuerpo policial, habría ocurrido bajo el amparo del Real Decreto 274/2018, que autoriza a fijar temporalmente la residencia del agente de baja en Granada junto a su familia. Informan que los servicios médicos de la Guardia Civil avalan “que no existía contraindicación médica para el traslado”.
Sin embargo, explican, esta situación motivó la apertura de un expediente disciplinario por una “infracción leve” que, finalmente, ha derivado en una imputación de un delito de abandono residencia cuando el agente fue destinado fuera de las islas. A juicio de la AUGC, esta medida se concreta en la vulneración del derecho de desplazarse por todo el territorio nacional sin modificar su residencia.
El juicio se ha pospuesto en dos ocasiones y finalmente se celebra este viernes 5 de diciembre
Mientras el procedimiento avanzaba, y con el objetivo de buscar una solución por todas las vías legales posibles, la asociación ha mantenido distintas reuniones con portavoces del Ministerio del Interior de los grupos parlamentarios PP, PSOE, SUMAR, VOX y Coalición Canaria. Finalmente, el colectivo ha decidido convocar una concentración a las puertas del Tribunal Militar de Almeyda en solidaridad con el compañero afectado. La organización también ha organizado una campaña en su defensa bajo el lema “prisionero de la insularidad”.
La AUGC pide la eliminación del Código Penal Militar para los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones policiales. Han expresado su “firme oposición” ante la aplicación del Código Penal Militar en situaciones administrativas o servicios que son “estrictamente de carácter policial”, y que constituyen en la actualidad el 99% de sus funciones. Señalan que, “en cualquier caso, están lejos de cualquier ámbito castrense o situación de emergencia”.
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En concreto, el colectivo ha considerado que esta situación representa “una anomalía” en el Estado de Derecho y que va en contra de los principios de “igualdad y justicia que deberían regir la labor diaria de los guardias civiles”. Lo han descrito como una verdadera “aberración” dentro de la democracia. “Mantener a la Guardia Civil sometida al Código Penal Militar vulnera principios como la seguridad jurídica, la libre circulación y la tutela judicial efectiva, y coloca a los guardias civiles en una posición de desigualdad respecto a cualquier otro ciudadano europeo”, han defendido.
Desde la asociación exigen una reforma legislativa “inmediata” para que el Código Penal Militar deje de aplicarse a los guardias civiles en el desarrollo de funciones policiales. Defienden una modificación de la norma para que la aplicación del Código Penal Militar a guardias civiles quede limitada a los tres supuestos reconocidos por organismos internacionales: en tiempo de guerra, durante el estado de sitio, o cuando se desarrollen funciones estrictamente militares o ámbito castrense.