Junto al delta del Ebro, en poblaciones como Alcanar o la Ràpita (Montsià), todos recuerdan con nitidez las largas madrugadas de septiembre y octubre de 2013. Ansiedad, ataques de pánico e incluso algunos vecinos bajando a dormir a las plantas bajas por miedo.
El origen de la oleada de pavor, el alud de 600 pequeños seísmos causados por la inyección de gas a elevada presión en el subsuelo marino, a 21,6 km del litoral. El de mayor magnitud, 4,2 (Richter).
El proyecto autorizado por el Gobierno dispone también cómo proteger el litoral si se vierten hidrocarburos
El Castor despertó una falla no descrita ni estudiada en los estudios geológicos, lo que obligó al Gobierno del PP a cerrar sine die la instalación. Una década después, los trabajos para hacer posible el final definitivo y seguro del Castor, estrepitoso reservorio de gas con nombre de roedor, genera de nuevo miedo entre los vecinos.
El Ayuntamiento de Alcanar, uno de los municipios más afectados, junto a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, el movimiento social que ha liderado la lucha contra el Castor, encienden de nuevo todas las alarmas.
La principal preocupación, el riesgo a que se genere de nuevo sismicidad en la zona, frente a la costa del delta del Ebro y Castellón, y la posibilidad de que se produzcan accidentalmente vertidos de hidrocarburos en el mar, con afectación en un litoral de gran valor medio ambiental y pesquero. El gas se inyectó en un antiguo yacimiento petrolífero, por lo que se teme que al sellar los 13 pozos con cemento haya vertidos.
“El promotor informa que el programa de sellado y abandono de pozos se ha diseñado de tal forma que durante las operaciones siempre haya un mínimo de dos barreras físicas entre el yacimiento y la superficie, como medida de protección ante el potencial escape de hidrocarburos procedentes del yacimiento”, se detalla en la declaración de impacto ambiental, con luz verde desde 2023.
“Ni el mismo Ministerio lo sabe, juega con un índice de incertidumbre demasiado elevado para las repercusiones que puede tener”, advierte Joan Roig (ERC), alcalde de Alcanar. “Reconocen que puede producirse sismicidad y vertidos y aseguran que avisarán a la población si hay seísmos de más de 2,5 grados o varios de sucesivos de menor magnitud. Habrá terremotos”, alerta Evelio Monfort, portavoz de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia.
“No es descartable la generación de sismicidad en caso de cambios de presión en el yacimiento como consecuencia de la inyección accidental de fluidos de limpieza de los pozos en el yacimiento”, se especifica en la declaración de impacto ambiental. Se ha preparado “un protocolo de actuación ante sismicidad” elaborado por Enagás en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Un protocolo en el cual “se establece un sistema de gestión del riesgo por umbrales similar a un sistema de semáforos” con el “objetivo de minimizar el riesgo de sismicidad durante las operaciones de sellado y abandono”.
Se trata de un sistema de alertas que se activará en caso de detección de un “evento sísmico” en un área con un radio 20 kilómetros a partir de la plataforma marina del Castor. Una red de diez sismógrafos ya instalados cuando se inyectó el gas en 2013, con distintos operadores (IGN, Observatori de l’Ebre y el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya).
La Generalitat Valenciana –la planta terrestre desde donde se inyectó el gas está en Vinarós–, la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia y el Ayuntamiento de Alcanar “sugirieron la conveniencia de realizar estudios específicos sobre el estado actual de las fallas de la zona” para reducir el riesgo. La respuesta oficial fue que ya existía un estudio geológico del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y de la Universidad de Harvard que caracteriza la naturaleza geológica de la zona. El estudio se hizo después de la crisis sísmica de 2013 a petición del Gobierno central.
En concreto, se concluyó entonces que la falla principal (Amposta Oriental) es una falla cuaternaria y su actividad alcanza el Holoceno, característica que la definiría oficialmente como “falla activa”. En relación al “estado tensional” de las fallas en el entorno Castor, se advierte que “podrían estar cerca de romper y, por tanto, de producir sismicidad”.
El Ministerio prevé que si se registra sismicidad inducida se pude llegar a detener las operaciones. “En función de la magnitud del evento sísmico, de si ha sido percibido por la población o no y de si ha sido coetáneo con un incremento de presión en el yacimiento, se activará un protocolo con el fin de mitigar los impactos y efectos del sismo”. En función de la magnitud de los terremotos se “parará, continuará o mantendrá en alerta, especialmente durante la fase de limpieza de los pozos”.
El Gobierno es consciente de que es una operación delicada que suscita alarma social en el territorio, con el recuerdo reciente del alud de seísmos en otoño de 2013. El proyecto para el cierre definitivo ha avanzado a cámara lenta y el desmantelamiento de la plataforma marina, visible desde la costa, no tiene todavía calendario.
Lee tambiénLa plataforma para sellar los 13 pozos del Castor ya fondea frente a la playa de Tarragona
En la declaración de impacto ambiental se destaca, al respecto de un posible evento de sismicidad inducida, que “la probabilidad de ocurrencia es muy improbable”, citándose un informe de evaluación de riesgos de Fraser Well Management (operador de pozos contratado por Enagás).
“La probabilidad se estima muy baja al haberse diseñado la operación de sellado para minimizar cualquier cambio de presión en el yacimiento”. Para reducir riesgos se contempla además minimizar la inyección de fluidos.
A unos días del inicio de las operaciones, este abril, el alcalde de Alcanar ha recibido una comunicación del Ministerio con la inclusión del Ayuntamiento en una comisión de seguimiento. “Por fin nos han tenido en cuenta, tras una década. En la comisión esperamos que detallen los protocolos de seguridad”, destaca Roig.
