El Pacto por el Padrón de Catalunya ha creado un cisma entre los partidos de derechas y de izquierdas en el último pleno de julio en Sant Cugat del Vallès. A propuesta de En Comú Podem, junto con ERC, el PSC y la CUP, el lunes se presentó una moción para que el Ayuntamiento se adhiriera a este pacto. Pero por un solo voto no prosperó, ya que Junts, PP y Vox votaron en contra. Según el teniente de alcaldía de Relaciones Institucionales, Jordi Puigneró (Junts), los partidos que presentaron la propuesta “no tienen credibilidad en materia de política de padrón, ya que, cuando gobernaron –especialmente con la CUP al frente del padrón– se produjo un caos absoluto”.
Hace un mes, la Xarxa d’Entitats pel Padró (XEP), presentó el Pacto por el Padrón, que se firmó en el Parlament con el apoyo de la Comisión de Seguridad Pública, ERC, los Comuns, la CUP y más de 200 entidades, para conseguir que los vecinos de todos los municipios puedan empadronarse, “sin discriminación alguna”. A raíz de este acuerdo, diferentes partidos están presentando mociones a los ayuntamientos catalanes para apoyarlo.
Solo la sede de los servicios sociales del Ayuntamiento llegó a tener más de 500 empadronados
El caso de Sant Cugat es particular. Puigneró señala que, antes de la llegada del tripartito (PSC, ERC y CUP) al gobierno local, en la ciudad se daban de baja del padrón unas 1.000 personas al año”. “De hecho, –matiza–, la media en los últimos 25 años ha sido de 900 bajas anuales”. En cambio, durante el primer año del gobierno de izquierdas, en 2020, solo se dieron de baja 5 personas; en 2021, 2; y en 2023, 7. Para el edil, estas cifras no reflejan la realidad poblacional del municipio por lo que considera que los responsables de entonces “no estaban acreditados” para gestionar esta área.
“Desde el año pasado, hemos gestionado la baja de más de 4.000 personas (2.547 en 2024, 985 ejecutadas en lo que llevamos este año y 722 por tramitar), que no cumplían con la ley ni los requisitos”, detalla el teniente de alcalde. “Alguien no había hecho los deberes. En este año y medio hemos puesto orden porque el padrón es una cosa seria y no puede ser un coladero”, advierte.
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Otra controversia del pleno fue que los Servicios Sociales de Sant Cugat del Vallès, ubicados en la Casa Mónaco, tenían, hasta hace poco, más de 500 personas empadronadas. Puigneró cuestiona la cifra, que considera muy elevada, porque “según la ley tienen que ser personas “sin techo” reales, que duermen en la calle, en una tienda de campaña o en un coche, para que se las empadronen desde Servicios Sociales y eso no es así”, lamenta. “Es una cifra tres veces superior a la de Sabadell –que tiene el doble de población que Sant Cugat–, cuatro veces más que Cerdanyola o Rubí en un equipamiento público”. En estos meses, el gobierno de Josep Maria Vallès ha reducido la cifra a 400 personas.
“Tolerancia cero” con las ocupaciones
El teniente de alcaldía de Relaciones Institucionales, Jordi Puigneró (Junts per Sant Cugat), asegura que “vamos a aplicar una política de tolerancia cero”. La ley permite que una persona se empadrone en un edificio ocupado, pero no permitiremos que haya ocupas passavolants, que ocupan diferentes espacios en más ciudades por activismo y no por necesidad”, explica.
Para evitarlo, el Consistorio hará “dos inspecciones aleatorias, sin avisar, de la vivienda ocupada. Si vemos que no pernoctan habitualmente, no los empadronaremos. Estas inspecciones serán tanto pre como post y cada seis meses volveremos. Si no están, los daremos de baja”, advierte. Municipios como Martorell y Sabadell también aplican medidas contra empadronamientos en pisos ocupados.
En el pleno, la concejal de En Comú Podem, Aina Balada, criticó que el gobierno local “echa balones fuera”. “Puigneró ha culpado a la CUP sin tener en cuenta el contexto de la pandemia y ha manipulado los datos”, denunció. Acusó al gobierno local de hacer “un gran trabajo para la extrema derecha”. Balada defendió la adhesión al Pacto por el Padrón de Catalunya. “No estamos hablando de grandes inversiones, sino de voluntad política”, advirtió.
Por su parte, el teniente de alcaldía Bernat Picornell (ERC) explicó que “el padrón es una herramienta de justicia social para garantizar el acceso a los derechos y ayudas municipales”, a servicios como la educación, la sanidad o las prestaciones sociales. La portavoz del PSC, Elena Vila, afirmó que es necesario volver a hablar del padrón como un derecho fundamental, porque “no es un privilegio ni un lujo”. La edil de la CUP, Ariadna Sierra, defendió que el padrón “no es solo una obligación legal, sino también una cuestión de gobernar con responsabilidad”.