Todavía resuena en las sedes de los partidos el eco de la encuesta que este diario publicó hace una semana y que alerta sobre la ola gigante de la extrema derecha que se cierne sobre la política catalana. La mayoría de partidos no se pueden hacer los sorprendidos porque conocían esta tendencia y, por tanto, ese sondeo debe suponer un serio toque de atención que se resume así: ¡Espabilen! La encuesta mete presión a los partidos no extremos y a los cargos institucionales que temen perder en las elecciones.
Este es el caso de los alcaldes porque, si no hay un adelanto electoral, serán los primeros en pasar por las urnas en 2027. Y no solamente hablo de los alcaldes de Junts, que últimamente han levantado la mano pidiendo a su partido que vuelva al pragmatismo para evitar una debacle en su principal feudo municipalista. Me refiero también a los alcaldes de partidos como PSC o ERC que, junto con los postconvergentes, aglutinan el poder municipal en Catalunya.
El voto a los partidos ultras no es ideológico ni programático, es un acción de castigo
Los Ayuntamientos son la primera puerta donde llama el ciudadano con sus problemas y la primera institución en intuir los cambios de ciclo político. Por eso, los alcaldes y alcaldesas conocen bien qué está pasando y las razones del cabreo de la población por la inoperancia de la política en la resolución de sus principales problemas. Y tienen una batería de soluciones que sus hermanos mayores en el partido o en los parlamentos no atienden con la urgencia que el momento se merece.
Los alcaldes sufren, como el resto de la ciudadanía, el exceso de burocracia y el poder excesivo del aparato técnico-funcionarial que eterniza hasta la exasperación cualquier proyecto, por pequeño que sea. Sin olvidar que deben afrontar cuestiones críticas como la inmigración sobre las que no tienen competencias, pero tensionan socialmente a sus poblaciones. Si a esta situación se añade el bloqueo político existente en las Cámaras catalana y española que impide la aprobación de presupuestos, el cóctel de la desafección está servido. He ahí la razón por la que la mencionada encuesta sitúa la política como el primer problema ciudadano.
Cola en una oficina municipal de atención ciudadana
Veamos algunos ejemplos reales. Un alcalde me explicó el otro día que había pedido a una administración superior pintar un paso de peatones en una carretera que supone un peligro a su paso por la población. Le han denegado la petición a pesar de que el Ayuntamiento se ofrece a pagar los gastos. Además, le amenazan con una multa si se atreve a pintar el paso de cebra por su cuenta.
Otro alcalde, y como este hay muchos más que sufren el mismo problema, me cuenta que su Ayuntamiento tiene 13 millones en el banco y no los puede invertir porque hay una ley aprobada hace una década que se lo impide. Esa ley estatal llamada LRSAL se aprobó en 2013 para controlar el gasto de los Ayuntamientos y evitar su quiebra económica, pero trata a todos los consistorios por igual, tengan o no tengan deuda. Los Ayuntamientos que administran bien sus cuentas (hay de todos los colores políticos) han pedido reiteradamente la modificación de la ley a sus compañeros parlamentarios, pero estos están en otras batallitas políticas más mediáticas y poco productivas. Así que los ciudadanos se preguntan por qué sigue su calle llena de baches, por qué no se construye vivienda social o los servicios públicos son deficientes teniendo su ciudad tanto dinero ahorrado. Son ricos en el banco y pobres en la calle. Nadie lo entiende.
A todo esto, el ciudadano ve que la administración se ha convertido en una especie de sádico que disfruta complicándole la vida y tratándole como presunto culpable. Por este motivo, se ha instalado en la opinión general que esto no tiene remedio y vamos a ir a peor, como indicaba la encuesta. ¿Se entiende ahora por qué hay cada vez más gente decidida a votar extrema derecha? No es un voto ideológico o programático. Es un voto de castigo.
