Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asumirán, a partir de este viernes 3 de octubre, los delitos sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, y no únicamente los casos en los que exista una relación afectiva entre agresor y víctima. Esta ampliación de competencias se enmarca en la ley de eficiencia de la justicia, en vigor desde el pasado mes de abril, y ha suscitado las protestas de jueces especializados en violencia de género, que advierten de un “anunciado y más que previsible colapso”.
Más de un centenar de jueces y magistrados de toda España han recordado en un comunicado que ya avisaron hace meses de las “nefastas consecuencias” de cargar con unas competencias en unos órganos judiciales que llevan “sobrecargados” desde hace años.
Unos órganos judiciales “sobrecargados”
Además de los delitos sexuales, estos juzgados asumirán la investigación de la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina. La incorporación de estas nuevas competencias responde a lo previsto en la ley del solo sí es sí, cuya aplicación aún estaba pendiente. La norma también garantiza que las víctimas de delitos sexuales tengan derecho a recibir asesoramiento previo y asistencia jurídica gratuita en los procesos.
Recuerdan que las nuevas competencias no van acompañadas de “un aumento del número de jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer, sino que, por el contrario, en muchos casos lo que se ha hecho es concentrar en un solo Juzgado el trabajo que antes llevaban varios”.
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Aunque el Ministerio de Justicia anunció el pasado 8 de marzo que aumentaría en un 50% el número de jueces especializados y se dotaría de recursos, los firmantes denuncian que “la realidad es muy distinta”. “No sólo no se ha creado ese 50% de plazas prometido, sino que a día de hoy ni siquiera se han dotado a los Juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearan esas plazas, el 1 de enero de 2026”.
A la falta de personal se añade también la carencia de infraestructuras y servicios auxiliares adaptados. Según el comunicado, muchas sedes no están preparadas para atender con dignidad a las víctimas y a sus hijos e hijas, y tampoco se han reforzado los equipos de forenses ni el servicio de asistencia jurídica.
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Los magistrados, que aluden también a la polémica de los “problemas técnicos” con las pulseras telemáticas, expresan que, aunque intentarán asegurar el buen trato y la protección de las víctimas, no podrán con todo. “La realidad es que esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible. No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente”, lamentan.
A partir de octubre
Justicia dota de 50 plazas judiciales y 42 fiscales
A raíz de las nuevas competencias, el Ministerio de Justicia aprobó en junio la creación de 50 plazas judiciales especializadas y 42 fiscales para reformar las secciones de violencia sobre la mujer. “El aumento de jueces, del 42%, será muy superior al aumento de carga de trabajo calculado por el CGPJ, que es del 12,9% de media”, afirma.
No obstante, estas incorporaciones serán “paulatinas” y no se harán efectivas por completo hasta diciembre, cuando los 3.800 juzgados unipersonales se transformarán en 431 tribunales de instancia (tantos como partidos judiciales). Ese incremento se realizará de manera gradual según se vayan presentando nuevos casos, ya que los procedimientos en curso continuarán viéndose en los juzgados o secciones de instrucción donde se encuentran actualmente. Mientras tanto, los juzgados de violencia contarán con refuerzos temporales hasta que los jueces titulares puedan incorporarse.
