La Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis y Micropobles de Catalunya han pedido esta tarde al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, diligencia con el despliegue de la ley del Estatut del Municipi Rural, aprobada por el Parlament en pasado mes de julio tras años de reivindicaciones. Estas entidades han presentado a Dalmau y a Xavier Amor, secretario de Governs Locals i Relacions amb Aran, en una reunión en el Palau de la Generalitat, un documento en el que fijan las prioridades para que el estatuto sea una realidad lo antes posible y no quede aparcado.
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Tras el verano estas asociaciones pidieron reunirse con Dalmau ante el temor de que la aplicación del estatuto sufriera dilaciones. Los alcaldes confían en que esta norma sea una eficaz herramienta para frenar el despoblamiento y para dotar de más recursos a los ayuntamientos. Dicha ley establece medidas para fomentar una suerte de discriminación positiva en 608 poblaciones de hasta 2.000 habitantes de comarcas rurales, aquellas en las que al menos el 15% de sus empadronados residen en municipios con menos de 150 vecinos por km2..
Esta tarde, los representantes de las tres entidades han pedido a Dalmau la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes de la Generalitat y de los municipios que vele para garantizar la implementación de las medidas previstas en el estatuto en un calendario razonable. En el documento entregado hoy señalan que una de las prioridades es la creación de un “Mecanismo Rural de Garantía, la habilitación de fondos específicos y de inversión, impulsar planes de vivienda asequible y protegida, la financiación de las escuelas rurales, la simplificación normativa y administrativa y la participación de los municipios rurales en órganos de la Generalitat”. Dalmau y Amor han emplazado a las entidades a una próxima reunión dentro de un mes para dar respuesta a sus propuestas.
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El presidente de Micropobles y alcalde de Riner, Joan Solà, ha reiterado que el estatuto “no puede quedarse en un cajón”, que debe aplicarse de manera inmediata y con los recursos necesarios para cumplir con la equidad territorial.
El texto aprobado en julio por el Parlament fija mejorar la financiación de estos municipios, aminorar su carga burocrática, establecer beneficios fiscales para las personas que se trasladen a estos destinos rurales y adaptar la normativa urbanística para facilitar la construcción de más vivienda. Se trata de hacer la vida más fácil en comarcas que representan el 85% del territorio, pero en las que solo reside el 25% de la población.
