La Fiscalía demanda ocho años de cárcel para un sujeto juzgado por cometer abusos contra dos hermanas menores en Balaguer.

El Ministerio Público solicita ocho años de prisión para un individuo imputado por mantener vínculos con dos hermanas que no alcanzaban la mayoría de edad en Balaguer durante el 2019. La acusación le atribuye sendas infracciones de carácter sexual puesto que ellas no superaban los 16 años -el límite establecido para el consentimiento sexual-. 

Conforme al fiscal, el imputado tuvo primero un romance con una de las menores y, al terminar esa unión, inició un cortejo con la hermana, sin que existiera coito. Sumado a los cuatro años de reclusión por cada cargo, la Fiscalía solicita tres años de libertad vigilada y el veto de aproximarse a menos de 200 metros de las afectadas o hablar con ellas por un lapso de tres años adicional a la sanción privativa de libertad. El juicio se celebrará el 12 de febrero en la Audiencia de Lleida.

Asimismo, el 11 de febrero la Audiencia de Lleida procesará a un individuo que encara una pena de 16 años de prisión y otros 10 años de libertad vigilada por, supuestamente, haber agredido sexualmente, golpeado y amenazado a su antigua pareja en Lleida. De acuerdo con la Fiscalía, los sucesos ocurrieron en julio del 2023 cuando el acusado acudió al establecimiento donde trabajaba la mujer y, tras una disputa frente a sus hijos menores, intentó intimidarla con frases como “si esto sigue así, tendré que matarte”.

Posteriormente, el individuo abandonó el establecimiento, aunque volvió tiempo después, instante en el cual cometió la agresión sexual y le provocó diversas heridas, conforme a lo expuesto por la Fiscalía. El ministerio público señala al varón por un presunto ilícito de agresión sexual mediante violencia e intimidación con penetración, así como por los presuntos delitos de amenazas y lesiones dentro del marco de la violencia de género.

Debido a tales sucesos, el tribunal dictaminó una medida de alejamiento y de contacto hacia la mujer. Además de la sanción de cárcel y la libertad supervisada, el fiscal demanda que el encausado no logre acercarse ni entablar comunicación con la agraviada por 10 años, que se le prohíba la tenencia o el empleo de armas por 5 años, que pierda la facultad de la patria potestad de los hijos por 6 años y que resulte inhabilitado para ejercer empleos o cargos que y

La Fiscalía sugiere que el castigo de cárcel sea conmutado parcialmente por la deportación del territorio nacional una vez que el imputado haya purgado tres cuartas partes de la condena, prohibiendo su retorno al Estado por un periodo de 10 años. Por otro lado, reclama el abono de una compensación de 10.000 euros a la víctima por los perjuicios morales, aparte de la cuantía que se establezca por las heridas. En un comienzo, se programó que la vista oral se desarrollara el 27 de noviembre de 2025, pero el acto judicial terminó siendo aplazado.