El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado alegaciones contra el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros, 8.644 millones de la Comunidad de Madrid, y ha reclamado un nuevo sistema de financiación autonómica.
Así lo ha informado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en un encuentro informativo con medios de comunicación en la sede de la Consejería, donde ha recalcado que esta decisión tendrá un coste de casi 500 euros por madrileño.
En concreto, la Comunidad de Madrid ha decidido presentar alegaciones porque este anteproyecto “pervierte el que era el objetivo último, volver a los mercados”. La consejera madrileña ha sostenido que “difícilmente” se va a poder volver a los mercados “si se da más recursos a los que más endeudados están”.
Asimismo, ha remarcado que es “imposible” que lo que se puede ahorrar por la mutualización de la deuda y por no tener que pagar los intereses “se podría dedicar a gasto social”. Ha defendido que “no se puede gastar el ahorro de los intereses de la deuda en gasto social porque eso supondría tener que quitar otro gasto que ya tiene”.
“El sentido original de este ahorro de intereses era ir reduciendo el déficit para que los mercados vieran que esas comunidades autónomas que tienen problemas son creíbles y puedan volver a los mercados”, ha puntualizado Albert.
Asimismo, ha recordado que la Comunidad de Madrid interpuso en mayo un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre la condonación de la deuda a Cataluña por ser “contraria al principio de igualdad”.
“No había quórum (sobre este acuerdo) puesto que la mayoría de las comunidades autónomas nos levantamos de esa reunión porque no se trató el tema de un nuevo sistema de financiación, sino exclusivamente la mal llamada condonación y porque es un sistema que está viciado y que lo único que hace es pervertir el hecho de que determinadas comunidades autónomas puedan endeudarse y que luego tengamos que pagarlo entre todos”, ha criticado.
Evitar desequilibrios entre comunidades
En este sentido, la consejera madrileña ha reclamado un nuevo sistema de financiación autonómica “moderno y transparente”, que tenga en cuenta las diferencias entre comunidades autónomas pero que “no produzca desequilibrios como los actuales, que convierten a Madrid, siendo la que más aporta, en una de las que menos recursos recibe por habitante”.
“Sabemos que se está pactando un sistema bilateral en forma de cupo con Cataluña y la obligación de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es presentar ese sistema de financiación autonómica que le llevamos reclamando años, en mi caso, desde el 2023”, ha subrayado.
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La consejera madrileña ha insistido en que el actual sistema es “obsoleto” y ha reiterado que todas las comunidades autónomas, “independientemente del signo ideológico”, están reclamando sentarse en un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera para ver una nueva propuesta “transparente basado en la igualdad de la ley de todos los españoles y la solidaridad entre todas las regiones”.