Las Claves
- La administración de Isabel Díaz Ayuso redirigió sesenta y un millones de euros de centros para mayores hacia los hospitales privados Quirón.
- El informe de la Cámara de
La auditoría de la Cámara de Cuentas de Madrid de 2024 revela que la administración de Ayuso redirigió 61,5 millones de los centros para mayores para cubrir impagos que el Ejecutivo madrileño sostenía con los hospitales Quirón de titularidad privada en la zona, de acuerdo con lo difundido por la cadena Ser. Tal documento obtuvo la validación del consejo de Gobierno madrileño el pasado 23 de diciembre del 2025.
La entidad de control, encabezada por el exsocialista Joaquín Leguina, indica que esos 61,5 millones se emplearon en “atender el gasto relativo a la liquidación de la actividad correspondiente a la libre elección del ejercicio 2021 del convenio singular para la prestación de asistencia sanitaria, suscrito con la Fundación Jiménez Díaz”, según detalla en informe.
Hospitales concertados
La Fundación Jiménez Díaz se encarga, junto a la sección concertada de ese establecimiento, de tres centros hospitalarios adicionales de la red sanitaria de Madrid localizados en Móstoles, Collado Villalba y Valdemoro.
Durante el año 2024, la administración de Ayuso abonó a las compañías adjudicatarias de centros hospitalarios públicos (Quirón y Ribera Salud, responsable del Hospital de Torrejón) la cifra de 909,9 millones de euros, de los cuales una fracción se obtuvo de fondos previstos para los centros de mayores y personas dependientes de la comunidad.
Dicha desviación se fundamenta en la premisa de que la Agencia Madrileña de Atención Social (Amas) disponía de “remante de tesorería”, lo que implica un superávit de fondos, tras haber empleado únicamente el 89,5% de la partida presupuestaria otorgada. Esta situación ocurrió debido a que de los 77 millones destinados originalmente a inversiones apenas se utilizaron 30 millones.
La cuestión es que, al contar con libertad para elegir médico y centro sanitario, diversos pacientes madrileños deciden acudir a esos hospitales concertados, lo que incrementa el gasto del Gobierno al superarse los presupuestos destinados a dichos centros para la atención de los ciudadanos de su área.
Dicha gestión resultó aprobada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, dirigida por Rocío Albert. Y la fundamentan voces de ese departamento señalando que la Ley de Hacienda establece “el uso de créditos no gastados en ejercicios anteriores, en convertirlo en gastos del ejercicio corriente”.

