Decenas de familias desalojadas del asentamiento ilegal en la carretera de Mata de Mataró (Maresme) protestaron ayer, durante el pleno municipal, en las puertas del Ayuntamiento. Intentaron infructuosamente leer un manifiesto durante el pleno en el que reclaman ayudas de la administración, pero el alcalde, David Bote, atendiendo al reglamento orgánico municipal, se lo impidió. “Dedican un minuto de silencio a Gaza y a nosotros nos lo niegan, vaya vergüenza” clamaron.
“Somos víctimas, no ocupas, ni delincuentes” gritaban, acompañados de pancartas y protestas. “Somos más de cien familias que, de un día para otro, nos hemos quedado en la calle” por lo que reclaman “humanidad”. Exigen celeridad en activar los planes para “alojarnos de forma digna y segura” o por el contrario, se preguntan si “¿van a dejarnos en la calle?”.
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La tensión aumentó en el plenario con la intervención de la portavoz de Vox, Mónica Lora, que leyó el manifiesto que no pudieron leer los afectados en la sala. En él, concluyen que hay políticos que han intentado ayudarles, pero otros, como el propio alcalde “miran hacia otro lado organizando el dispositivo que nos ha destrozado las vidas”.
El ayuntamiento activó los procedimientos de atención social de emergencia, los afectados quieren “soluciones reales” a sabiendas que su situación no era legal. ¿Qué hacemos con los niños y los enfermos”. No quieren que nadie les regale nada “pueden pagar un alquiler social” inquirió la concejal de Vox, Mónica Lora.
El alcalde, David Bote, con dos de los impulsores del manifiesto tras la Audiència Pública .
La concejal de Ciutat Inclusiva i Saludable, Laura Seijo, detalló los procedimientos de atención social de emergencia que se activaron durante el desalojo instado por orden judicial “para dar una respuesta integral a las personas afectadas”. Se atendió a 129 personas y 66 fueron realojadas de emergencia, cubriendo todas sus necesidades básicas, incluso con sus mascotas. En la actualidad 44 personas de 16 familias siguen alojadas en instalaciones públicas “hasta que sea necesario” apostilló Seijo, que aseveró “que se trata de personas que han sido estafadas y que ahora están en situación de vulnerabilidad”.
Mientras que varios miembros del gobierno acusaban a los promotores del asentamiento ilegal de “estafadores” sorprendía la presencia en la sala de uno de los dos hermanos que organizaban las parcelas. Los Mossos, por su parte, a petición de La Vanguardia han confirmado que “no están pendientes de detención” como se ha especulado en algunos medios.
La concejal de Seguridad, Núria Moreno, en otro momento del pleno, acusó a los responsables del asentamiento de “haber utilizado a personas vulnerables, engañándolas, aprovechándose económicamente de su estado y colocándolos en una situación de riesgo” por lo que recordó “están siendo investigados por delitos de blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio”.
