La Plataforma Aturem Hard Rock y el grupo ecologista Gepec han presentado dos recursos administrativos contra la licencia de casino que la Generalitat otorgó a Hard Rock para construir un complejo de ocio en los terrenos del Complejo Recreativo y Turístico (CRT) situado en Vila-seca y Salou (Tarragona).
Las entidades consideran que la empresa estadounidense incumple uno de los requisitos de las bases del concurso para acceder a la licencia. En concreto, lo que hace referencia a que la promotora debe acreditar el derecho de acceso a la propiedad del suelo.
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Las organizaciones dan por hecho que la vía administrativa no prosperará, pero avanzan que después irán al contencioso, donde creen que les darán la razón, algo que en su opinión daría “la estocada definitiva” al complejo.
En el recurso, ambas entidades sostienen que la compañía no tiene “ni la propiedad ni la disponibilidad” de los terrenos donde debería levantarse el área de ocio y juego.
“Pudieron acceder -a la licencia- porque había un acuerdo entre Incasòl, Hard Rock y la Caixa. El Gobierno de Pere Aragonès pone de manifiesto que los contratos están caducados y que no tienen acceso a los terrenos”, ha manifestado Anna Recasens, portavoz de la Plataforma Aturem Hard Rock.
En el documento presentado a la directora general de Tributos y Juego, las organizaciones recuerdan las cartas intercambiadas entre Incasòl y la Caixa, donde la entidad bancaria negaba que tuviera ningún compromiso con la Generalitat para venderle los terrenos a la administración para que, después, ésta, los transfiriera a Hard Rock.
También remarcan que el Govern anula la orden de compraventa y que, paralelamente, insta al Incasol a rehacer los acuerdos con las partes.
Por último, citan el informe del gabinete jurídico de la Generalitat, en el que los letrados admiten que los contratos de opción a compra sobre los que se asentaba la disponibilidad de los terrenos por parte de la empresa estaban caducados. Este informe jurídico también cuestiona “la capacidad del Incasol” para traspasar la disponibilidad de los terrenos a Hard Rock.
Por todo ello, ambas entidades reclaman que “se revoque la autorización a Hard Rock de la instalación y explotación de un casino de juego por incumplimientos de los requisitos”.
Indemnización
Recasens ha manifestado que “si la Generalitat adopta las medidas legales para realizar unos trámites administrativamente correctos” no debería pagarse ninguna indemnización.
“Es como si tú quieres abrir una tienda pero no tienes el local”, ha ejemplificado Xavier Jiménez, presidente del Gepec. “Estamos a tiempo para ver las cosas que no se han hecho bien y evitar indemnizaciones, que en caso de que se hicieran sería por negligencia de la Generalitat”, ha remarcado Recasens.
Según los contrarios al proyecto, la única forma por la que la compañía podría reclamar una indemnización sería que sacara adelante el Plan Director Urbanístico (PDU). Este documento fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el 2020. El anterior Govern liderado por ERC intentó su tramitación, pero a día de hoy todavía no se ha aprobado.