La terrible dana que ha afectado a 75 municipios de la provincia de Valencia se ha llevado por delante viviendas y terrenos próximos a los barrancos. En municipios municipales como Torrent o Chiva, la proximidad de las casas a los cauces ha provocado auténticos destrozos y ha generado un importante debate en los ayuntamientos sobre qué hacer con esas parcelas que han sido arrasadas. La semana pasada en el pleno de Torrent ya se pudo ver la desesperación de algunos vecinos que temen porque sus casas no se puedan volver a levantar.
Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) indican que la dana ha afectado de manera directa a la morfología de muchos barrancos y en algunos puntos el Dominio Público Hidráulico se ha modificado. Sin embargo, recuerdan que esta situación no ha modificado las competencias de las administraciones ni provoca que la CHJ se adscriba las propiedades que ahora puedan formar parte del cauce. Por ello, apuntan que las competencias para decidir sobre la posible reconstrucción de las viviendas afectadas próximas a los barrancos continúa en manos de los consistorios.
La CHJ recuerda que la competencia en materia urbanística continúa siendo de los ayuntamientos
Eso sí, desde la CHJ apuntan a Guyana Guardian que “toda actuación que se vaya a realizar en la llamada zona de Policía debe contar con una autorización por parte de la Confederación”. La zona de Policía está constituida por una franja lateral de 100 metros de anchura a cada lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen.
En este sentido, señalan las mismas fuentes, “aquellos vecinos cuyas viviendas se hayan visto afectadas por los efectos de la dana y se encuentren en la denominada como ‘zona de Policía’ y quieran proceder a la reconstrucción de su parcela o vivienda, deben solicitar autorización a la Confederación”.
Problemática
El problema puede venir con aquellas viviendas que estaban en una situación ilegal
Con todo, se avanza que si la parcela o la vivienda era legal antes del episodio y cumple con la normativa actual, este tipo de actuaciones se van a autorizar. El problema vendrá con las casas ilegales.
Lo sucedido en las viviendas próximas a los barrancos ha abierto un debate importante en muchos municipios afectados que entienden que dar de nuevo permisos para reconstruir determinadas viviendas puede ser peligroso. “A ver qué alcalde se atreve a dar ciertos permisos con el temor de que puedan volver a producirse fenómenos de este tipo”, señalaba uno de los consistorios afectados por la riada.
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Mientras ayuntamientos y propietarios reflexionan sobre cómo actuar de cara al futuro -donde no se pueden descartar nuevos episodios torrenciales-, la CHJ continúa trabajando en el análisis y evaluación de los daños en los cauces y barrancos más afectados por la dana “para definir las actuaciones que permitan restablecer los márgenes, reforzar las riberas que han sufrido descalces, reparar daños en motas de protección, así como la reparación y refuerzo de taludes en barrancos dañados”.
En esta línea, apuntan que si cualquier ciudadano o ayuntamiento necesita estabilizar o reconstruir márgenes o taludes de los barrancos afectados, “pueden solicitar a la Confederación la ejecución de la actuación o bien, solicitar autorización para poder realizar ellos mismos estos trabajos, que se aceptarán siempre y cuando cumplan con la normativa”.
