Vecinos de localidades costeras como Nules, Moncofa, Xilxes, Almenara, Puçol o Guardamar del Segura viven pendientes del recorrido parlamentario de la futura Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana cuyo proyecto fue aprobado ayer por el Consell. La razón es que los propietarios de ciertas viviendas ubicadas en el litoral que ven amenazadas por la piqueta, bien porque su concesión está próxima a caducar, bien por la nueva calificación del suelo que ocupan, esperan que en el articulado de la nueva norma autonómica se halle la salvación de sus inmuebles.
En rueda de prensa, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, explicó que el gobierno valenciano plantea varias opciones de protección. En primer lugar, mediante “la catalogación de valor etnográfico en aquellos núcleos urbanos que tengan esa posibilidad, es decir, aquellas construcciones que para nosotros tienen más valor que el puro patrimonio de los propietarios, porque identifican muy bien lo que es el paisaje marítimo, la imagen costera de nuestra franca litoral; esos entornos han de ser protegidos y van a contar con una figura nueva de protección”.
El conseller criticó que se aprueben y planteen más deslindes “mientras quedan pendientes más de cincuenta obras de protección en nuestro litoral”
Para el conseller, “armarnos de la posibilidad de que sea la Generalitat la que otorgue las concesiones o autorizaciones” es también una manera de “tener mano, dicho de una forma coloquial, en el tratamiento de este tipo de construcciones“.
No obstante, y ante la posibilidad de que haya edificaciones que no puedan acogerse a esa protección legal, ”la Ley prevé también la posibilidad de reservar suelo en aquellos lugares donde no haya más remedio, y ojalá que esta facultad no haya que utilizarla nunca en la Comunidad“.
Martínez Mus insistió en que no es deseo del Consell que las cosas llegue a ese punto, pero remarcó que, en caso necesario, ”de emergencia“, la nueva Ley autonómica ”establece, por primera vez, la posibilidad de reservar suelo en aquellos lugares donde no haya más remedio y la gente que haya perdido sus viviendas pueda encontrar otro lugar donde establecerse“.
Lee tambiénCompromís hace alegaciones a la ley del litoral: “desprotege la costa y la deja a especuladores”
Para el conseller, ”es el máximo que podemos hacer desde el gobierno autonómico para este tipo de circunstancias que nos generan muchísima intranquilidad, nos parecen injustas, y estamos impugnando en todos y cada uno de los casos por la vía contenciosa“.
Uno de esos casos, el más reciente, se publicó precisamente ayer en el Boletín Oficial del Estado: el deslinde del tramo de costa que comprende el Prat de Cabanes-Torreblanca, en los términos municipales de Cabanes y Torreblanca. El Consell impugnará esta nueva medición para ”defender“ a los propietarios afectados, los ”valores naturales“ de la zona y ”los propios intereses de la Generalitat“, puesto que el Gobierno central ”modifica el deslinde de forma que un parque que es de gestión de la Generalitat pasa a ser dominio público estatal“.
El responsable autonómico de Medio Ambiente criticó que se aprueben y planteen más deslindes “mientras quedan pendientes más de cincuenta obras de protección en nuestro litoral” cuya ejecución está aprobada desde 2015, hace ya diez años.
Una comisión mixta será la encargada de determinar las competencias a transferir por el Estado, lo que incluye los medios técnicos, de personal y presupuestarios
El proyecto de ley será remitido a Les Corts para su debate y votación. Según el Consell, la norma ”persigue la ordenación efectiva del litoral valenciano y la preservación de sus valores naturales y culturales, así como la prevención de riesgos, en particular de aquellos derivados del cambio climático. Además, se propone la conservación y mejora del patrimonio cultural de las áreas costeras y el resguardo de los núcleos urbanos y poblados tradicionales".
Entre las competencias asumidas por la Comunitat Valenciana, se encuentra la regulación de la ordenación del litoral, la pesca en aguas interiores y la acuicultura, entre otras. Tal como ha ocurrido en los casos anteriores en que una autonomía ha aprobado su propia norma, como Baleares en 2022, una vez aprobada por el Parlamento autonómico, una comisión mixta será la encargada de determinar las competencias a transferir por el Estado, lo que incluye los medios técnicos, de personal y presupuestarios que dejarán el Ministerio y pasarán a depender del gobierno valenciano.
El Ayuntamiento de Torreblanca recurrirá contra el deslinde del Prat
También el Ayuntamiento de Torreblanca anunció ayer que interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la publicación por parte del Gobierno de la aprobación del deslinde en el Prat, al considerar que “perjudicará notablemente a decenas de propietarios del municipio así como al propio consistorio, que es propietario de algunas parcelas”.
La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, lamentó en un comunicado que el Ministerio de Transición Ecológica haya desestimado “absolutamente todas” las alegaciones presentadas, tanto por el Ayuntamiento como por los propietarios. “Esta decisión unilateral del Gobierno de España pone en grave riesgo los planes de futuro de Torreblanca en torno al Prat, que incluye tanto iniciativas de desarrollo de actividades e inversiones medioambientales, así como iniciativas turísticas que reden redundar en la mejora de las oportunidades económicas y de futuro de muchísimos habitantes del municipio”, advierte Agut. La medida, agrega, “afecta a prácticamente a todo el Prat, que es un paraje natural protegido a nivel europeo”. “Ni los vecinos ni el Ayuntamiento estamos conformes con las argumentaciones del Ministerio y acudiremos a la vía judicial para pelear esta decisión hasta las últimas consecuencias”, afirmó.