Son conscientes de que la cuestión plantea dificultades y que la administración pública es reticente a afrontarla, pero expertos en gestión de riesgos que ayer intervinieron en la I Conferencia sobre Cambio Climático y Territorio en el Mediterráneo Ibérico son concluyentes: “Hay que desalojar espacios, hay espacios que nunca debieron haberse ocupado, donde corre alto riesgo la vida de las personas que allí viven”.
La afirmación corresponde a Jorge Olcina, catedrático alicantino y una de las voces más autorizadas en España sobre la cuestión, que lidera el grupo de expertos autores de la ponencia 'Eventos extremos y gestión integral del riesgo', presentada por la tarde en la sede del Centro Cultural La Nau de la Universitat de València.
“El desalojo es uno de esos conceptos de los que no se quiere hablar porque a la administración no le gusta”, afirma Olcina
“Yo no digo desalojar todo, tirar con la excavadora todo, no; pero sí aquellos espacios donde haya alto riesgo para la vida humana”, explica Olcina. “Impepinablemente. Hay que reunirse, establecer mecanismos de transferencia, de canje de suelo, de lo que quieran... arbitrar mecanismos; no quiere decir que se vaya a quedar la gente sin su casa, pero se tiene que ir de donde se tiene que ir”. El catedrático de Geografía admite que “el desalojo es uno de esos conceptos de los que no se quiere hablar porque a la administración no le gusta, pero en la dana que hemos vivido ha quedado claro que hay espacios que no deberían nunca haber estado ocupados”.
Esta fue solo una de las muchas aportaciones de una detallada exposición en la que se ofreció un diagnóstico de la situación actual y una batería de recomendaciones que los investigadores creen importante aplicar.
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Entre los problemas detectados, destaca una deficiente planificación urbanística que, además, no tiene visos de mejorar: apenas el 30% de los municipios del litoral mediterráneo español (623) tienen un planeamiento urbanístico posterior a 2015, momento en que la legislación comenzó a exigir la inclusión de planes de evaluación de riesgos. Y casi el 40% se rigen por planeamientos previos al año 2000, elaborados con una legislación y una mentalidad que han quedado por completo obsoletas. Ello exige “la revisión de todo el planeamiento municipal existente en estos municipios para adaptarlo a la nueva realidad climática”, señalan los ponentes.
Apenas el 30% de los municipios del litoral mediterráneo español (623) tienen un planeamiento urbanístico posterior a 2015
Deberían además “paralizarse los proyectos urbanísticos que contemplen edificación en zonas con riesgo de inundación hasta que no pasen un nuevo procedimiento de análisis de riesgo adaptado a las condiciones actuales de cambo climático”.
Otro aspecto en el que inciden los expertos es la mejora del sistema de alerta a la población que, tal como explicó Olcina, se ha demostrado poco eficaz: “El aviso meteorológico debe llegar de modo inmediato a la población, previo filtro rápido del organismo de gestión de emergencias regional. Los mensajes que se envíen a los teléfonos móviles deben ir, además de en las lenguas oficiales del territorio, en los idiomas de las principales nacionalidades residentes en la zona”.
Se mostraron partidarios de sancionar a quienes difundan bulos en las redes sociales durante situaciones de emergencia
También abogaron por incorporar módulos de educación para el riesgo y el cambio climático en todos los niveles educativos, desde la Primaria hasta la Universidad. Y se mostraron partidarios de sancionar a quienes difundan bulos en las redes sociales durante las situaciones de emergencia.