La Generalitat Valenciana presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto del Gobierno que regula el reparto de menores inmigrantes, según ha anunciado Susana Camarero, vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. El Consell de Carlos Mazón valora que este Real Decreto “supone una clara injerencia en las competencias propias de la Comunitat Valenciana en materia de protección de menores sobre las que ostenta competencias exclusivas”.
Contamos en este momento con una ocupación del 160% en nuestros recursos"
Camarero ha criticado que “el Gobierno establece de forma unilateral unos criterios que no han sido previamente debatidos, ni acordados, ni negociados con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial, lo que lleva a una clara imposición, conculcando los principios de autonomía financiera de las comunidades autónomas, de cooperación y de lealtad constitucional”.
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Además, ha añadido que “el sistema de protección en nuestra comunidad sigue tensionado debido a la llegada constante de menores, siendo más de 900 los menores atendidos el pasado año”. Y ha afirmado que “contamos en este momento con una ocupación del 160% en nuestros recursos. Todo ello hace que nuestro sistema de protección no tenga capacidad para acoger a los menores que el Gobierno de la Nación pretende trasladar de forma irresponsable”.
En su crítica al Gobierno, la vicepresidenta valenciana ha señalado que la sociedad española “vive una crisis migratoria, llegan menores en pateras o como mayores de edad a través de programas de atención humanitaria y luego reconocen que son menores. Esto nos ha obligado a hacer esfuerzo de más de 9 millones de euros. Las plazas suponen coste anual de 23 millones y el Gobierno de España solo abona 1,2 millones. Y pese al esfuerzo, el sistema de protección sigue tensionado”.
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La responsable de Servicios Sociales a ofrecido varios datos. Además de atender más de 900 menores en 2024, ha resaltado que que se atiende una media de entre 480 y 490 menores atendidos. “Nuestros sistema de protección no tiene capacidad para coger a los menores que el gobierno quiere trasladar de forma irresponsable”, sostiene. “Hay una fluctuación de 480 o 490 menores en el sistema sobre 317 plazas. Por lo tanto, un 160% de ocupación», ha especificado. ”En 2024 ya incrementamos 122 plazas, hasta las 317 actuales. Ya hemos hecho un esfuerzo. No vamos a consentir que se mercadee con los niños".
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