Desde su destitución, que Carlos Mazón decretó 22 días después de la dana del 29 de octubre, Salomé Pradas ha mantenido, con alguna excepción, un calculado silencio respecto a lo sucedido en la jornada en la que murieron 228 personas. En algunas declaraciones breves, como las realizadas a este diario, ha defendido que había hecho siempre lo correcto y que “la verdad se sabrá”. Es esa verdad la que debería comenzar a conocerse hoy, justamente, con su comparecencia ante la juez que investiga el caso, Nuria Ruiz Tobarra. Una instructora que ha basado el marco de sus pesquisas en una idea: las muertes ocasionadas por la tragedia “se podían haber evitado”.
El auto judicial describe cómo se produjo lo que la magistrada califica como “una cadena de negligencias graves”
Pradas acudirá hoy en calidad de “investigada” (antigua figura de imputado) y después lo hará el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. El auto judicial por el que fueron citados describe con detalle minucioso cómo se produjo lo que la magistrada califica como “una cadena de negligencias graves” que convirtió una emergencia meteorológica previsible en una tragedia humana de proporciones dantescas. La instructora no duda en afirmar que “el abrumador número de fallecimientos era evitable” y que “la palmaria ausencia de avisos a la población” constituye el núcleo de su investigación.
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Las defensas de los dos investigados han presentado recursos en los que intentan desvincularse de la responsabilidad penal. Pradas, en un escrito de más de treinta páginas, alega que ha sido convertida en “cabeza de turco” para ocultar lo que en su opinión son fallos estructurales y responsabilidades compartidas con otras administraciones. La exconsellera insiste en que no existía un “mando único” en emergencias, sino que el CECOPI era un órgano compartido con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, del PSOE.
Salomé Pradas traslada la culpa hacia la falta de inversiones en infraestructuras hidráulicas, mencionando proyectos de encauzamiento del barranco del Poyo que no se ejecutaron en 2005 y 2011. “El origen principal de la tragedia no fueron tanto las lluvias como la inexistencia de obras que hubieran contenido las aguas”, afirma su recurso, en el que pide el sobreseimiento de la causa al considerar que se trata de una cuestión que debería dirimirse en el ámbito contencioso-administrativo, no penal.
Salomé Pradas traslada la culpa hacia la falta de inversiones en infraestructuras hidráulicas
Por su parte, Emilio Argüeso argumenta en su recurso que él no tenía competencia directa para activar el ES-Alert, ya que era “un miembro más” del CECOPI sin capacidad ejecutiva. Su defensa critica que no se haya citado a declarar a la entonces responsable del 112, quien en su opinión tenía mayor responsabilidad en la gestión de las llamadas de emergencia. “Llama poderosamente la atención”, señala el escrito, “que la jueza no llame como investigada a declarar a la responsable del 112 en aquellos fatídicos días, y sí al secretario autonómico de Seguridad y Emergencias”.
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Sin embargo, Amparo López, gestora del área de Emergencias del 112 de la Generalitat Valenciana, defendió el miércoles ante la jueza de la dana que “es imposible que la información del teléfono 112 no llegara a los responsables de la emergencia”. Con esta declaración, esta profesional ha dado una versión muy diferente a la que planteó en un recurso ante la magistrada el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. “Es imposible, porque toda la información se traslada a los responsables de la emergencia, todos los organismos estamos conectados al mismo sistema de comunicación”, ha insistido.
La juez desmonta en estos autos metódicamente todos los argumentos que la Generalitat Valenciana
La jueza Ruiz Tobarra, sin embargo, al igual que el ministerio fiscal, ha sido contundente al rechazar estos argumentos de Pradas y Argüeso. En sus autos, insiste en que la Generalitat Valenciana tenía “competencia exclusiva” en materia de protección civil según el Estatuto de Autonomía, y que tanto Pradas como Argüeso ocupaban puestos de “máxima responsabilidad” en la cadena de mando durante la emergencia. Respecto a las acusaciones sobre la falta de infraestructuras, la magistrada señala que “por graves que fueran las carencias en obras hidráulicas, eso no exime de responsabilidad por no haber activado los protocolos de alerta que podrían haber salvado vidas”.
La juez desmonta en estos autos metódicamente todos los argumentos que la Generalitat Valenciana ha esgrimido en su defensa durante estos meses. Frente a la afirmación de que “no se disponía de información suficiente sobre la evolución de la dana”, la magistrada enumera hasta cuatro fuentes de información distintas que las autoridades tenían a su disposición en tiempo real: los avisos de la AEMET desde días antes; los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ, que monitorizaba los caudales; las 19.821 llamadas recibidas por el 112 a lo largo del día, con picos de hasta 2.438 en una sola hora; y la cobertura informativa en directo de medios como À Punt, que ya a las 15:00 horas mostraba imágenes del desbordamiento del barranco del Poyo. “No se necesitaba ser un experto en hidrología”, escribe la jueza, “para comprender que el barranco del Poyo se había convertido en una trampa mortal y que había que evacuar o alertar a la población inmediatamente”.
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Los hechos, reconstruidos a partir de las pruebas recabadas durante la instrucción por la juez, presentan una cronología que cuestiona la versión de la Generalitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había emitido avisos especiales desde el 26 de octubre alertando de que el día 29 sería el más crítico del episodio de lluvias. El 27 de octubre, un informe técnico de la AEMET señalaba ya la probabilidad de “fenómenos adversos extremos” a partir del día 28. El lunes 28, las previsiones fueron aún más contundentes: “El martes 29 se preveía el día álgido de este episodio”. Esos datos, subraya la jueza, estaban en poder de las autoridades autonómicas con suficiente antelación. Sin embargo, la mañana del 29 amaneció sin que se hubieran activado protocolos excepcionales de alerta a la población.
A partir de las primeras horas de aquel día fatídico, los indicios de la catástrofe inminente se multiplicaron, según la juez. El teléfono de emergencias 112 comenzó a recibir llamadas desde la madrugada, con un aumento considerable entre las 7:00 y las 8:00 horas, cuando se registraron 569 llamadas de auxilio. Los equipos de rescate empezaron a recibir avisos especialmente alarmantes desde localidades como Chiva, Utiel y otras zonas cercanas al barranco del Poyo, que posteriormente se convertiría en el epicentro de la tragedia. A mediodía, el programa meteorológico L'Oratge de la televisión autonómica À Punt mostraba imágenes de riadas incipientes y los presentadores advertían con claridad: “El mayor peligro está en el barranco del Poyo”. Los meteorólogos insistían en que las lluvias no darían tregua y que los cauces estaban al límite de su capacidad.
Mazón no puede ser citado al ser aforado pero la juez le ha invitado a declarar voluntariamente como investigado
Entre las 15:00 y las 16:00 horas, las llamadas al 112 se dispararon hasta las 1.462, un dato que por sí solo debería haber activado todas las alarmas en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), el órgano encargado de gestionar la emergencia. En Chiva, el barranco del Gallo ya se había desbordado, y a las 15:07 horas, la televisión autonómica À Punt informaba en directo con imágenes inequívocas: “El barranco del Poyo baja con fuerza hacia Alaquàs”. Poco después, a las 16:13 horas, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) enviaba un correo electrónico a los responsables de Emergencias de la Generalitat en el que se alertaba de que los caudales estaban superando “todos los umbrales críticos”. Sin embargo, la reunión del CECOPI no comenzó hasta las 17:00 horas, un retraso que la jueza califica de “incomprensible” dado el volumen de información catastrófica que ya manejaban las autoridades.
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Lo que ocurrió en esa reunión es uno de los puntos más oscuros de la investigación. El CECOPI no levantó acta oficial de lo tratado, ni existen grabaciones de las deliberaciones. En respuesta a un requerimiento judicial, se informó que “la reunión se realizó de manera telemática y presencial simultáneamente, habiendo un momento concreto en el que lo que se produjo fue un periodo de trabajo exclusivamente presencial”. La jueza ha tachado esta descripción de “eufemismo inaceptable” que ocultaría la exclusión deliberada de técnicos clave como los de la CHJ en la toma de decisiones. Mientras los responsables debatían, la situación en la calle se volvía cada vez más dramática. A las 18:19 horas, À Punt emitía imágenes estremecedoras de coches siendo arrastrados por la corriente en la autovía A-3. Los periodistas, con voz entrecortada, alertaban: “Esto es devastador”.
Sin embargo, el mensaje de alerta a la población a través del sistema ES-Alert no se activó hasta las 20:11 horas, más de tres horas después de que comenzara la reunión del CECOPI y cuando según todos los indicios ya había decenas de víctimas mortales. Pero lo más grave, según la jueza, es que el contenido de ese mensaje fue “notablemente insuficiente y tardío”. El texto, que llegó a los móviles de los ciudadanos cuando muchos ya estaban muertos o luchando por su vida, se limitaba a decir: “Eviten desplazamientos en la provincia de Valencia”. Ni una palabra sobre buscar refugio en zonas altas, ni sobre la magnitud real del peligro, ni sobre las áreas más afectadas. Un mensaje que la magistrada califica de “dolorosamente inútil” dadas las circunstancias.
En medio de este complejo entramado judicial, la figura del president de la Generalitat, Carlos Mazón, permanece en un segundo plano, al menos de momento. La jueza ha decidido no citarle debido a su condición de aforado, aunque le ha enviado copia íntegra del auto “por si desea comparecer voluntariamente” como investigado, oferta que el president ha rechazado. Esta decisión ha generado malestar entre las asociaciones de víctimas, que consideran que Mazón, como máximo responsable político de la Comunidad Valenciana, debería dar explicaciones sobre su actuación aquel día.
