No hubo sorpresa. Porque Salomé Pradas se ciñó ayer en su declaración ante la jueza al guion que ya se intuía en el recurso que su letrado presentó contra su citación como investigada por la gestión de la dana que ha provocado 228 muertos. Trasladó la responsabilidad en la gestión de Emergencias a los técnicos y a los subordinados, declaró que ella no tenía experiencia ni conocimiento en esta materia, que el mando del Cecopi era colegiado junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, al tiempo que culpaba a los profesionales de la tardanza en enviar la alerta y cargaba contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, por no haber advertido de la situación del barranco del Poyo. Hasta aquí era todo previsible.
La novedad de su declaración, que solo realizó con respuestas a su letrado, aderezada de lágrimas en varios momentos, estuvo en que exculpó a Carlos Mazón de cualquier responsabilidad en la demora en mandar a la población a las 20.11 hora la ES-Alert: “No se esperó al president porque no dependía de él”. Una versión que sería ratificada posteriormente por Emilio Argüeso, quien declaró tras ella, también como investigado, ante la magistrada.
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Pradas, que fue recibida en la Ciudad de la Justicia por familiares de víctimas de la dana al grito de “asesinos”, intentó justificar su inexperiencia “pues solo llevaba tres meses de consellera” y dijo que el suyo era un “cargo institucional”. A partir de ahí, fue descargando responsabilidades. Así, indicó que el director del Puesto de Mando Avanzado, que era desde donde se dirige el operativo técnico, era el jefe de bomberos, José Miguel Basset. Al jefe de bomberos ya jubilado también se refirió Argüeso, en su declaración posterior. De hecho, en el alegato final ante la magistrada de Catarroja, el exsecretario autonómico de Emergencias indicó que la retirada de los bomberos de los cauces –tenían la responsabilidad de vigilarlos y medirlos– fue el error principal. En este sentido, declaró en la sala que desconoció hasta dos semanas después de que esto hubiera ocurrido.
Entre lágrimas, la exresponsable de Emergencias afirmó no tener experiencia cuando fue nombrada
Los otros dos errores a los que se refirió el número dos de Emergencias, siguiendo la misma estrategia de defensa que Pradas fueron la falta de información de la CHJ y la presencia telemática y no presencial de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que está citada como testigo el próximo lunes.
Los dos únicos imputados intentaron trasladar a la jueza que la responsabilidad en el mando único era compartida entre las dos administraciones (central y autonómica) hasta el punto que Pradas indicó que ella y la delegada eran las dos únicas sin experiencia en el centro de mando. Pese a ello, según relató Argüeso en la segunda declaración del día, “ambas daban órdenes”.
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Respecto a la responsabilidad de los técnicos, los dos exaltos cargos también dispararon hacia Jorge Suárez, el subdirector de Emergencias que sigue en el cargo. Argüeso llegó a señalar que fue Suárez quien les dijo que “no había que hacer caso a las llamadas del 112, porque en un accidente de circulación llaman 50 personas”. Pradas y también el secretario autonómico apuntaron también a este alto funcionario y a los técnicos por el envío tardío de la alarma de la que insistieron en no responsabilizar a Mazón.
El subdirector de Emergencias y el jefe de bomberos, los señalados por los dos imputados
La exconsellera Pradas, en su declaración, puntualizó que en varias ocasiones habló con los altos cargos de Presidencia de la Generalitat Valenciana y con el propio presidente Carlos Mazón al que iba trasladando lo que ocurría. La exdirigente del PP -que entregó voluntariamente a la jueza un listado con sus llamadas telefónicas- enfatizó que el supuesto retraso no tuvo nada que ver con el president y que quien representaba a la Generalitat en el Cecopi era ella misma. Así, argumentó que había muchas circunstancias que había que valorar y que no se tenía la información necesaria.
Argüeso completó esta tesis señalando que hubo un debate y que había técnicos que alertaron que el envío de la alerta podría generar alarma y ser contraproducente. Añadió la necesidad de buscar un funcionario para validar el contenido que en esos momentos no se encontraba presente. Este técnico está citado como testigo. Con todo, según se desprende de la declaración de Argüeso, como la alarma era por Forata y no por el Poyo, en el Cecopi se pensaba que había un margen de dos horas hasta que la presa colapsase. Tal y como se recoge en diversos autos de la instrucción, cuando se envió el SMS ya había fallecidos
