La defensa de la exconsellera valenciana Salomé Pradas, imputada en el caso de la dana y representada por el bufete Kepler-Karst, ha presentado este miércoles una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con la instrucción de la causa judicial que investiga los sucesos ocurridos el 29 de octubre de 2024. El escrito, firmado por el abogado Eduardo de Urbano, denuncia que el derecho de defensa de Pradas está siendo “gravemente afectado” por la forma en que se está conduciendo la instrucción por parte de la magistrada, Nuria Ruiz Tobarra.
La defensa denuncia la “posible intervención de personas ajenas al procedimiento”
En el documento, la defensa subraya que se trata de una de las causas “más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en España”, por lo que reclama que se lleve a cabo con “pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial”. Sin embargo, advierte de que se han detectado “irregularidades que vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento”. Entre los motivos de la queja destacan la existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin una base probatoria suficiente, lo que, según el letrado, podría indicar una “predeterminación del objeto de la instrucción”.
Lee tambiénLa jueza desmonta los bulos sobre la presa de Forata: “Fue beneficiosa durante la dana”
Asimismo, se critica la denegación reiterada de diligencias solicitadas por la defensa, así como la limitación del derecho de defensa durante las declaraciones de los investigados. Otro de los puntos clave de la queja es la alusión a la “posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial”, en referencia a la presencia en la sala de vistas de individuos sin vinculación formal con el caso, un hecho que ha generado malestar entre los representantes legales de Pradas.
Además, el escrito denuncia el uso de informaciones periodísticas no contrastadas como base de algunas resoluciones judiciales, lo que, según la defensa, socava la seriedad del proceso. También se cuestiona la “excesiva duración en la práctica de diligencias de prueba”, que podría estar alargando injustificadamente la instrucción.
Sugiere una predeterminación de la investigación contra Pradas
Eduardo de Urbano, en nombre de la defensa, ha insistido en que “el respeto a la imparcialidad y a la presunción de inocencia es esencial para mantener la confianza en el sistema judicial”. Por ello, ha solicitado al CGPJ que analice los hechos expuestos y adopte las medidas oportunas para garantizar un proceso “justo y conforme a Derecho”.
Esta queja supone un nuevo frente en la estrategia legal de Pradas, quien, junto a su exsecretario autonómico Emilio Argüeso, es la única imputada en la causa, mientras que otros cargos, como la delegada del Gobierno Pilar Bernabé o responsables de Aemet, han sido excluidos de la investigación. La defensa considera que la instrucción se ha centrado de manera desproporcionada en la Generalitat Valenciana, ignorando otras posibles responsabilidades.
Lee tambiénLa jueza de la dana rechaza que declare la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
Aunque la presentación de la queja no paraliza las diligencias judiciales, marca un antes y un después en el caso, al llevar las críticas a la instrucción ante el máximo órgano de gobierno de los jueces. La respuesta del CGPJ, que no suele pronunciarse con celeridad en estos casos, podría influir en el desarrollo futuro de la causa, especialmente si se admiten las alegaciones de la defensa sobre vulneración de garantías procesales.
Por ahora, la jueza Ruiz Tobarra sigue adelante con la investigación, que se centra en determinar si hubo negligencia en la gestión de la emergencia por parte de los responsables autonómicos. Pradas, sin embargo, mantiene que su actuación fue conforme a los protocolos y que la instrucción adolece de graves defectos que ponen en riesgo su derecho a un juicio justo.
