La Fiscalía Provincial de Valencia ha respaldado la postura de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, encargada de la causa penal por la dana que provocó graves inundaciones el pasado 29 de octubre, en la que se atribuye en exclusiva al Gobierno valenciano la gestión de la emergencia. En un escrito fechado el pasado miércoles, el Ministerio Público sostiene este planteamiento en respuesta a unas diligencias de investigación solicitadas por Liberum para determinar si el presidente del Gobierno convocó o no el Consejo de Seguridad Nacional durante la crisis.
Además de rechazar esta petición por considerarla ajena al proceso y fuera de las competencias del juzgado, la Fiscalía subraya que “no fue declarada la situación de emergencia de interés nacional”. Por ello, argumenta que “debe ponerse de manifiesto la normativa reguladora de la competencia para adoptar medidas que hubieran podido evitar o atenuar los fallecimientos o lesiones de personas y, por ende, determinar la posible relación de causalidad entre las referidas decisiones y el resultado descrito”.
Lee tambiénLas víctimas de la dana arrancan en una larga reunión más compromisos de Sánchez
En línea con lo reiterado por la jueza en varios autos, el fiscal recoge textualmente lo establecido en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la Ley de Protección Civil y Emergencias de la Generalitat y el plan especial por riesgo de inundaciones. Entre los extractos citados, destaca que “el Consell es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana en el ámbito de sus competencias”. Asimismo, añade que “a la conselleria que tenga atribuida la competencia en materia de protección civil y emergencias le corresponde gestionar el Centro de Coordinación de Emergencias”.
El escrito también señala que “el representante de la Generalitat Valenciana en el Cecopi actuará en calidad de director del plan siempre y cuando no se declare el interés nacional, en cuyo caso pondrá a disposición del representante de la Administración General del Estado en el Cecopi la dirección del plan y los recursos adscritos al mismo”. Con estos fundamentos, la Fiscalía avala la competencia autonómica en la gestión de la emergencia, descartando responsabilidades directas del Gobierno central en los hechos investigados.