La jueza pide información clave sobre el control que hubo del barranco del Poyo

Instrucción judicial

La instructora solicita de la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, datos del barranco,  de alertas del Magro y grabaciones de llamadas del 29-O para determinar posibles negligencias

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El barranco del Poyo a su paso por Paiporta 

Manuel Bruque / EFE

La magistrada que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana que azotó la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre ha emitido dos nuevos autos en los que solicita información detallada a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Entre los datos requeridos figuran registros del barranco del Poyo, alertas emitidas sobre el río Magro y la identificación de los trabajadores que operaban en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) durante la tarde del día de la catástrofe. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado este miércoles de estas diligencias, que buscan esclarecer posibles negligencias en la gestión de la emergencia.

En un primer auto, la jueza ha accedido a la petición de la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en el caso, y ha requerido a la CHJ que proporcione datos específicos sobre un punto de control en el barranco del Poyo, así como un listado de alertas relacionadas con el río Magro emitidas aquel día. Además, ha pedido identificar a los empleados que trabajaban en el SAIH, sistema clave para el monitoreo hidrológico. Esta es la segunda vez que la magistrada acepta diligencias solicitadas por la defensa de la principal imputada, quien también había reclamado que un técnico accediera a los datos almacenados en los sensores de caudal del barranco del Poyo, considerados una especie de “caja negra” del suceso.

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Un bombero realiza labores de limpieza en una calle cubierta de barro, a 28 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia (Comunidad Valenciana). El pasado 29 de octubre, la DANA arrasó varias zonas de España siendo la provincia de Valencia la más afectada, donde el temporal dejó más de 220 fallecidos a su paso. Dentro de Valencia, Paiporta fue uno de los municipios más afectados. La reparación y reconstrucción de las infraestructuras dañadas por las inundaciones y su gestión ha sido cifrada en más de 2.600 millones de euros por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, cantidad a la que se suma el importe del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible habilitado hasta ahora de 123 millones para recuperar la movilidad en Valencia y 185 millones para reparar la red de Cercanías y alta velocidad.

El objetivo de la defensa es encargar un informe pericial que analice estos registros, ya sea a través de un experto de su confianza o mediante un profesional designado por la jueza. La solicitud incluye los datos del punto de control “Poyo-Massanassa”, que, según informaciones previas, detectó una primera crecida a las 14:50 horas, cuando el cauce pasó de estar seco a superar el metro y medio de altura. Una segunda y más violenta riada se registró a las 18:20 horas, alcanzando los 4,91 metros en apenas diez minutos. Pese a la gravedad de estos datos, la CHJ había restado importancia a este dispositivo en sus informes iniciales.

Por otro lado, la instructora ha ordenado a la Policía Judicial de la Guardia Civil que aporte la grabación de una llamada registrada en el sistema Coordcom del Centro de Coordinación de Emergencias. Esta petición surge tras el testimonio de un responsable de Emergencias, quien declaró que, según esa grabación, un predictor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) habría comunicado que las precipitaciones “se iban a la serranía de Cuenca”, lo que podría haber influido en la respuesta ante la emergencia. La jueza ha denegado, sin embargo, otras diligencias por considerarlas irrelevantes para la investigación, como la declaración del secretario autonómico de Medio Ambiente.

La magistrada ha requerido a Emergencias y al Consorcio Provincial de Bomberos información sobre la movilización de efectivos forestales el día de la dana

En un segundo auto, la magistrada ha requerido a la Conselleria de Emergencias y al Consorcio Provincial de Bomberos información sobre la movilización de efectivos forestales el día de la dana. En concreto, exige detalles sobre los operativos desplegados para vigilar el río Magro, el barranco del Poyo, el puente de Carlet y las zonas de Torrent, Picanya y Paiporta. Esta medida responde al testimonio de una jefa de Emergencias, quien reveló que, aunque no tenía conocimiento directo de la orden, supo de ella al solicitar un informe interno para preparar su declaración.

Además, la jueza ha pedido una copia del convenio de colaboración entre la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y el Consorcio de Bomberos, firmado en 2024, para determinar si los efectivos actuaban bajo dependencia directa de la Generalitat o con autonomía. Finalmente, ha reclamado un informe detallado sobre los rescates realizados durante la mañana del 29 de octubre, incluyendo el número de intervenciones antes de las 15:00 horas, y ha citado a declarar a un miembro del Consorcio como testigo.

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