El gobierno valenciano no tiene intención de modificar la histórica Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de 1983 que, entre otras cuestiones, declaraba qué municipios eran de predominio lingüístico valenciano y cuáles de predominio castellano. ”No es un tema que esté sobre la mesa en este momento”, explicaban fuentes del Ejecutivo a La Vanguardia: ni modificar la Llei d'Ús ni cambiar las adscripciones lingüísticas de las poblaciones.
Una afirmación que adquiere especial relevancia a pocas horas de que el Ayuntamiento de Alicante apruebe una declaración institucional para instar a las Corts Valencianes a la modificación de la citada normativa con la intención de calificar de Alicante como ciudad castellanohablante. Tal y como explicó este periódico, Vox ya había tratado de llevar al Pleno este asunto a finales de 2023, pero la promesa de que esa posibilidad entraba en los planes del gobierno valenciano que entones estaba recién constituido frenó aquella iniciativa. Una propuesta que ahora se recupera y el PP local acepta como contrapartida de la derecha extrema para poder sacar adelante el plan de ajuste financiero del Consistorio alicantino.
Vox ya intentó proponer el cambio de la adscripción lingüística del valenciano en 2023 sin éxito
Ayer, en las Corts, preguntado al respecto, el síndic de Vox, José María Llanos, indicó que la remodelación de un mapa lingüístico “impuesto” y “artificial” es una de las apuestas de su partido y aseguró que esto ha sido planteado en la cámara autonómica por el propio conseller de Educación, José Antonio Rovira. En el Ejecutivo autonómico insisten que no hay nada encima de la mesa.
Llanos afirmó que muchos municipios alicantinos figuran dentro del predominio lingüístico valenciano cuando no lo son y que su grupo quiere que se atienda a los porcentajes reales de la lengua que se habla en cada municipio, lo que dejaría casi a toda la Comunidad Valenciana en la zona castellanohablante.
Vox quiere que los municipios se adscriban por el porcentaje real de uso de cada lengua, lo que haría que casi toda la Comunidad fuera zona castellanohablante
Sin embargo, la apuesta de Vox no genera demasiado entusiasmo en el PP y todo indica que la propuesta del Consistorio que dirige Luis Barcala quedará en uno de los tantos cajones en que se acumulan iniciativas parlamentarias. El síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, preguntado por la petición de sus compañeros de partido en Alicante, mostró su total respeto. Sin embargo, señaló que la política lingüística del gobierno que preside Carlos Mazón viene recogida en la ley de libertad educativa en la enseñanza que se ha implementado este año con el apoyo de Vox. Una consulta a los padres que Pérez Llorca -alicantino y valencianohablante- recordó que los populares ya llevaban en el programa electoral y que a su juicio respeta lo que indica la Llei d'Ús.
Sin querer entrar a la confrontación directa con Vox, el dirigente del PP sí que dejó bastante claro su predisposición de mantener esta ley de consenso que ha marcado la política lingüística de los últimos 41 años.
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Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, no dudó en calificar la propuesta del Ayuntamiento de Alicante de “estéril e inadecuada”. Lamentó que se busque la confrontación por la lengua y reabrir debates superados. Se preguntó si también piensan modificar el himno de Alicante que es en valenciano y criticó que el PP por su supervivencia “se arrodille ante la extrema derecha”.
La AVL pide al alcalde que no apoye el cambio: “La valencianidad lingüística de Alicante es inequívoca”
La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, ha dirigido una carta al alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la que le solicita que el Ayuntamiento no apoye la propuesta de declaración institucional para instar a Les Corts a la modificación de la ley para calificar la capital alicantina como ciudad de predominio lingüístico castellano. “La valencianidad lingüística de Alicante es inequívoca”, proclama Cantó, que aboga por “evitar rupturas innecesarias y dolorosas de la convivencia ciudadana”.
La presidenta de la AVL se dirige a Barcala, “como máximo responsable de la corporación municipal alicantina y del grupo municipal Popular, para mostrarle “la preocupación de la Acadèmia sobre esta cuestión y para pedirle su colaboración a fin de evitar que prospere la citada propuesta”.
Joan Baldoví, de Compromís, indicó que “ya hace tiempo que PP y Vox son lo mismo: un búnker ultra para destruir consensos de hace décadas”. “De nuevo le ha tocado el turno al valenciano y los derechos lingüísticos de la gente de Alicante. Están haciendo todos los esfuerzos para generar una batalla lingüística que en la sociedad es inexistente”, señaló el síndic nacionalista que lamentó que “solo usan el valenciano como combustible de crispación y para intentar reventar la convivencia. Vox ya sabemos que quiere exterminarlo”, remató.
Al respecto de la declaración institucional que con toda probabilidad aprobarán hoy PP y Vox en el Ayunyamiento de Alicante, la portavoz del grupo socialista, Ana Barceló, ha advertido de que presentarán un recurso contencioso administrativo en los tribunales.
Ana Barceló ha advertido de que el PSPV presentará un recurso contencioso administrativo contra la declaración
“Es una consecuencia más del chantaje de la ultraderecha que ha sido asumido por Barcala”, declaró ayer la exconsellera. “Desde el grupo socialista actuaremos como muro de contención para frenar las consecuencias de un pacto que no beneficia a la ciudad y con el que el alcalde sólo busca su supervivencia política. Se trataría de un acto recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa y daremos un paso al frente para poner freno a lo que está ocurriendo en Alicante”, añadió Barceló.
La jurisprudencia actual y la posición doctrinal mayoritaria, según el PSPV alicantino, “determina que este tipo de declaraciones institucionales constituyen actos administrativos de contenido político cuya legalidad resulta controlable por el orden contencioso-administrativo, al estar sometidas a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y, en especial, al principio de legalidad”. Añaden los socialistas que “el Tribunal Supremo ha sentado la doctrina consistente en que las declaraciones institucionales adoptadas en los Plenos municipales constituyen actos administrativos que resultan impugnables, aun teniendo un contenido político”.
