Las farmacias valencianas van a tardar un mes en cobrar, anuncian que tomarán medidas si continúa la “situación crítica” y se activa un plan de contención del gasto de la Generalitat Valenciana que puede suponer ventas de patrimonio, recorte de subvenciones, congelación de plazas no esenciales y restricciones a viajes institucionales. Son medidas que el Consell de Carlos Mazón justifica por la ausencia del FLA extraordinario que el Gobierno aún no ha aprobado para dar cobertura al déficit no autorizado de 2024 de cerca de 2.500 millones de euros (más otros cerca de 300 millones atribuibles al gasto generado por la dana). Fuentes del ejecutivo valenciano afirman a este diario que “la tensión es enorme y el Gobierno nos está ahogando”.
¿Están justificadas las medidas activadas por Mazón? Desde el año 2012 el FLA extraordinario ha sido la vía en la que algunas autonomías han podido dar respuesta al déficit que, en parte, se genera por la propia infrafinanciación, más grave en el caso valenciano. El año pasado el FLA extraordinario se activó en mayo, con un total de 2.209 millones que se sumaron a otros 717 en octubre y un tercer tramo, en diciembre, con 700 millones por la dana. Solo otras tres comunidades, Catalunya, Extremadura y Región de Murcia recibieron también ese FLA extraordinario.
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El FLA debería haberse aprobado el pasado mes de diciembre, cuando se acordó el FLA extraordinario. Pero a día de hoy, desde fuentes del ministerio que gestiona María Jesús Montero se apunta a que no está garantizada su aprobación y se defiende que la Comunidad Valenciana ha recibido este año “más dinero que nunca” de la financiación. Las cifras actualizadas del Ministerio de Hacienda recogen como “gastos dana” un total de 2.364,28 millones de euros aprobados por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, a la que apelaba esta semana la consellera de Hacienda y Economía para activar el FLA extraordinario.
Recientemente, la ministra de Hacienda adelantó la decisión de actualizar las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas llevando al Consejo de Ministros un real decreto-ley para inyectar una importante bomba de oxígeno para el conjunto de los gobiernos territoriales sobre sus previsiones presupuestarias de 2025. Pero este adelanto, reconocen fuentes del IVIE, no puede resolver el déficit generado el año anterior en las regiones incumplidoras como son la Comunidad Valenciana, Catalunya, Murcia, Madrid, Euskadi y La Rioja. Existe, no obstante, una gran diferencia entre estas autonomías.
En 2025
En las cuentas del Ministerio computa como “gastos dana” para la Comunidad Valenciana un total de 2.364,28 millones
La valenciana no puede, como sí lo hacen Madrid, Euskadi o La Rioja, acudir al mercado privado para financiarse, y es la que tiene una peor solución del Estado por el actual modelo de financiación. Tras cada ejercicio, el Gobierno ha activado un FLA extraordinario a pagar en dos fases: una primera con el 75% del déficit generado (que serían 1.900 millones a pagar este mes) y otro resto en diciembre con el 25% hasta cubrir los 2.500 millones de euros. La previsión de la Generalitat Valenciana es que ese FLA extraordinario se pagara en breve, pero como se ha dicho no hay, al respecto, ninguna confirmación.
En julio de 2018 las tensiones de tesorería de las cuentas valencianas también era alarmantes y el Gobierno central activó el FLA extraordinario para ingresar 199 millones a la Comunidad Valenciana que permitían pagar facturas pendientes a pymes y familias valencianas. Los años siguientes el fondo no se ha demorado más allá del mes de mayo, y los tiempos importan, explicó la consellera Ruth Merino el pasado jueves, que puso como fecha límite el próximo lunes 7 para su aprobación por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno. Su aprobación, dijo, es cuestión solo de “voluntad política” por parte del Ejecutivo central.
En 2018 el FLA extraordinario de la Comunidad Valenciana fue de 356 millones euros
Desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que en 2025 la Comunidad Valenciana recibirá las mayores entregas a cuenta de su historia con 14.013 millones de euros, un 10,4% más que 2024. Es decir, 1.323 millones más por este concepto. Según subrayan estas fuentes del equipo de Montero “en total, incluyendo la liquidación de 2023, la Comunidad Valenciana recibirá en 2025 del sistema de financiación 15.921 millones de euros, un 4,2% más que en 2024”.
Desde el equipo de la consellera de Hacienda, Ruth Merino, se reconocen estos datos, pero subrayan que esto no puede cubrir el déficit de 2024 “menos aún en un año de dana”. Algo similar, por ejemplo, le sucede a Catalunya, que necesita también del FLA extraordinario para poder cubrir un déficit en 2024 de 1.200 millones de euros. Otro aspecto polémico es que desde el Gobierno, y en especial la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, se acusa a Mazón de “pedir dinero cuando hace rebajas de impuestos”. Desde la Generalitat Valenciana defienden que este recorte de impuestos es mínimo respecto a la generación de déficit y que otras autonomías como Madrid “hacen recortes mucho mayores, pero no se les condiciona la entrega del FLA”.
Desde el Gobierno se insiste en que Mazón “está haciendo teatro” con este asunto
Desde el Gobierno se insiste en que Carlos Mazón “está haciendo teatro” con este asunto, pero fuentes del IVIE, una entidad de prestigio poco sospechosa de estar al lado de ningún partido, valoran que ese FLA extraordinario es necesario mientras no se arbitre un cambio de modelo de financiación. También lo han señalado esta semana la Confederación Empresarial Valenciana, CEV, y los sindicatos UGT-PV y CC.OO.-PV tras reunirse con Carlos Mazón. En cualquier caso, el problema es que esta tensión ya se ha trasladado a servicios como las farmacias y amenaza a afectar a proveedores de la Administración y servicios de la función pública.
El jefe del Consell ha exigido a los equipos de las Consellerias que, antes del próximo lunes, presenten medidas concretas centradas en seis ejes prioritarios. En primer lugar, el Plan de Patrimonio busca racionalizar y rentabilizar los bienes inmuebles de la Generalitat, evaluando posibles ventas o reconversiones de activos infrautilizados. En segundo lugar, se implementarán mecanismos estrictos para controlar el absentismo y el horario laboral, garantizando la productividad en el sector público. El tercer eje se enfoca en el sector público instrumental, eliminando duplicidades y suprimiendo gastos superfluos en empresas y fundaciones dependientes. Además, se creará un Comité de Seguimiento con Hacienda, formado por las Consellerias con mayor peso presupuestario, para monitorizar desviaciones y asegurar la eficiencia. También se revisarán las subvenciones, revaluando los criterios de concesión para priorizar proyectos estratégicos. Por último, se impulsará la digitalización para aprovechar la tecnología y reducir costes administrativos.
2024 arroja un resultado económico-patrimonial negativo de 4.589,79 millones de euros
La Cuenta General de la Administración de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2024, elevada al Consell antes de su remisión a la Sindicatura de Comptes, refleja una evolución de los principales indicadores económico-financieros marcada por los efectos de la dana del pasado 29 de octubre.
El resultado económico-patrimonial del ejercicio 2024 se situó en -4.589,79 millones de euros, frente a los -2.475,44 millones del ejercicio anterior. Este resultado refleja el impacto extraordinario de la riada, por la que se dotó una provisión de 604,22 millones de euros para cubrir los daños estimados por las distintas conselleries en infraestructuras y bienes cuyo coste debe ser asumido por la Generalitat.
El informe pone en relieve la respuesta inmediata de la Generalitat ante la magnitud de la catástrofe con la aprobación de decretos de ayudas urgentes a personas, trabajadores, empresas y municipios afectados por la dana por un importe total de 291,6 millones de euros en 2024, de las que se concedió el 71,76% y se pagó el 68,20%.
