La joven que fue víctima de abusos sexuales cuando era menor de edad por parte del exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra ha recurrido ante la Audiencia de Valencia la decisión del Juzgado de Instrucción 15 de archivar la causa contra Oltra y ha pedido que el proceso siga adelante con la apertura de juicio oral.
En un escrito al que ha tenido acceso EFE, los abogados de esta joven sostienen que el reciente archivo dictado por Instrucción 15 va en “franca contradicción” con lo resuelto anteriormente por la Audiencia, que “en vía de apelación ya revocó el anterior auto de sobreseimiento”.
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En abril de 2024, tras finalizar una intensa instrucción, el juez que investigaba esta causa acordó su sobreseimiento provisional al no haber acreditado “ni siquiera al nivel propio de los indicios, que Oltra, ni cualquier otra persona de la Conselleria, dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna a los investigados” en relación al caso de su ex, Luis Ramírez, en prisión por abusos a una joven tutelada por la Generalitat que era menor en el momento de los hechos.
Sin embargo, en junio de 2024, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia estimó los recursos de la víctima y de dos acusaciones populares -Vox y Gobierna-te- y reabrió la causa por entender que no podía “descartarse claramente” la existencia de infracción penal y considerar que hay indicios suficientes para encausar a los investigados.
Tras recibir los escritos de acusación y defensa, y comprobar que la Fiscalía respalda la posición del instructor y que no aprecia la existencia de delito alguno, el pasado mes de junio Instrucción 15 volvió a archivar la causa.
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En su nuevo auto de archivo, el magistrado señaló que coincide “plenamente” con el criterio de la Fiscalía, que ha considerado que los hechos “no son constitutivos de infracción penal alguna”, y destaca que además “no existe absolutamente ningún indicio de que cualquiera de los acusados haya llevado a cabo hechos penalmente relevantes”.
Por ello, estimó que “nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad”.
Esa resolución ha sido ahora recurrida por la víctima de los abusos sexuales, que considera evidente que hay indicios “que apuntan todos en una misma dirección y permiten una inferencia lógica: primero se ocultó el delito y cuando salió a la luz se quiso desactivar”.
La defensa de la menor sostiene que “está documentado que cuando al cabo de cuatro meses se destapó y judicializó el asunto los otros acusados hicieron todo lo posible por entorpecer la investigación, retrasando o dejando sin contestar oficios y requerimientos de la Fiscalía, instruyendo una información reservada paralela a la judicial, y elaborando un informe sesgado y tendencioso para mermar la credibilidad de la niña abusada, destinando a ello recursos públicos”.