El sistema de financiación autonómica español, aprobado en 2009 (SFA-2009), lleva doce años en prórroga a pesar de sus graves deficiencias. Las comunidades autónomas acumulan deudas históricas, existen enormes desigualdades entre regiones y el modelo actual no garantiza ni suficiencia financiera ni equidad. En este contexto, el acuerdo entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de julio de 2024 para impulsar un sistema de financiación singular para Catalunya ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar el modelo actual. Un estudio reciente del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) analiza si un sistema de concierto solidario generalizado (SCSG) podría resolver los problemas del SFA-2009 en materia de autonomía, suficiencia y equidad.
Algunas regiones reciben hasta un 27% más de recursos por habitante que otras
El SFA-2009 nació con la promesa de garantizar recursos suficientes para todas las comunidades autónomas, pero su diseño presentaba fallos estructurales. Por un lado, las comunidades tienen poca capacidad para gestionar sus ingresos, lo que limita su autonomía fiscal. Por otro, muchas no cubren sus gastos básicos y acumulan deuda, mostrando la insuficiencia financiera del sistema. Además, persisten desigualdades extremas: algunas regiones reciben hasta un 27% más de recursos por habitante que otras. Según los datos del informe IVIE, las comunidades más beneficiadas son La Rioja y Cantabria, con un 18% por encima de la media, mientras que la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia se sitúan un 9% por debajo. Madrid y Cataluña, aunque tienen alta capacidad fiscal, su financiación está cerca de la media. Estas diferencias persisten porque mecanismos como el Fondo de Suficiencia distorsionan la solidaridad interterritorial. Además, más allá del sistema común, las comunidades forales (País Vasco y Navarra) aportan mucho menos de lo que les correspondería.
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El acuerdo PSC-ERC plantea para Catalunya un modelo basado en tres pilares: mayor autonomía fiscal para gestionar todos los impuestos recaudados en su territorio; un cupo al Estado para financiar servicios estatales en Cataluña; y una aportación a la solidaridad interterritorial para reducir desigualdades. El IVIE analiza si este sistema podría aplicarse a todas las autonomías, estudiando tres criterios para repartir el cupo que las comunidades pagarían al Estado. El primero se basa en la capacidad fiscal total según la recaudación de cada comunidad; el segundo iguala la presión fiscal (mismo porcentaje del PIB regional); y el tercero iguala el esfuerzo fiscal (ajustando la presión fiscal por renta per cápita). La conclusión clave es que el criterio del esfuerzo fiscal es el más justo, porque hace que las regiones más ricas contribuyan más. Si se combina con una solidaridad del 80% (frente al 75% actual), para que se puedan nivelar los servicios públicos fundamentales, se reducirían significativamente las desigualdades entre comunidades.
Los resultados de las simulaciones del IVIE muestran cómo quedaría la financiación autonómica con un SCSG. Las comunidades que ganarían serían principalmente aquellas actualmente infrafinanciadas, como Andalucía, la Comunitat Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha. Cataluña y Madrid también mejorarían su situación, aunque menos de lo que algunos actores políticos esperan. Por el contrario, las comunidades que perderían recursos serían las que hoy están sobrefinanciadas, como La Rioja, Cantabria y Aragón. El País Vasco y Navarra también verían reducidos sus privilegios si se las incluyera en el sistema. Los datos concretos indican que, con el criterio del esfuerzo fiscal y una solidaridad del 80%, las diferencias entre comunidades se reducirían de 26,8 a 11,8 puntos porcentuales. Además, si las forales entraran en el sistema, tendrían que aportar unos 6.000 millones más al Estado.
Los resultados de las simulaciones del IVIE muestran cómo quedaría la financiación autonómica con un SCSG. Las comunidades que ganarían serían principalmente aquellas actualmente infrafinanciadas
El estudio del IVIE es especialmente contundente respecto al actual concierto vasco-navarro, que califica de injusto. La aportación de estas comunidades mediante el cupo es mucho menor que la que deberían hacer las comunidades ricas en un SCSG: el País Vasco aporta solo un 37,6% de lo que debería, y Navarra un 32,1%. Su contribución a la solidaridad interterritorial es casi simbólica, limitándose al Fondo de Compensación Interterritorial (432 millones en 2022), frente a los 100.000 millones que mutualizan las comunidades de régimen común. Si se las incluyera en el SCSG, tendrían que pagar miles de millones más en cupo y solidaridad, lo que supondría el fin de sus privilegios fiscales históricos.
Para que este modelo sea viable, el informe señala cuatro condiciones indispensables. En primer lugar, sería necesario un nuevo pacto sobre los recursos que corresponden al Estado y a las autonomías. En segundo término, el cupo debería calcularse en base al esfuerzo fiscal, para que las regiones más ricas contribuyan más. En tercer lugar, la solidaridad interterritorial debería alcanzar al menos el 80% para garantizar servicios públicos similares en toda España. Por último, sería imprescindible revisar el modelo foral e incluir al País Vasco y Navarra en el sistema de solidaridad. Sin embargo, el informe también advierte sobre los riesgos de esta reforma. Si el acuerdo PSC-ERC solo beneficia a Cataluña, podría agravar las asimetrías existentes. Además, sin un pacto global que incluya a todas las comunidades, el SCSG podría crear nuevos desequilibrios en lugar de resolver los actuales.
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En conclusión, el concierto solidario generalizado no es una solución mágica, pero sí representa una opción seria para resolver los problemas del SFA-2009. Entre sus ventajas destacan la mayor equidad entre comunidades, una autonomía fiscal más amplia y la posibilidad de reducir la deuda autonómica. No obstante, los retos son considerables, empezando por la previsible resistencia de las comunidades forales y la dificultad de alcanzar un pacto político en un tema que lleva años bloqueado. El informe del IVIE demuestra que un sistema más justo es posible, pero requiere voluntad política y consenso. Si el acuerdo PSC-ERC se aprovecha para una reforma integral, podría marcar el inicio de una nueva etapa en la financiación autonómica. Si no, solo servirá para agravar los problemas actuales. En definitiva, la balanza está en manos de los actores políticos y su capacidad para anteponer el interés general a los intereses particulares de cada territorio.
