Vox reconoció ayer, al cumplirse dos años de la presidencia de Carlos Mazón, que desde que no forma parte del ejecutivo valenciano ha conseguido condicionar más las políticas de la Generalitat Valenciana que cuando estaba integrado en el Consell. Lo verbalizó el síndic de esta formación en les Corts Valencianes, José María Llanos, quien razonó que “cuando uno forma parte de un gobierno en minoría hay que ceder y negociar y mantener una lealtad institucional que hizo que en aquel primer año quizás obtuviéramos menos resultados que en este segundo”. Se refería el síndic al periodo en el que Vox disponía, tras el pacto alcanzado con el PP después del 28-M, de un vicepresidente y conseller de Cultura, y las consellerias de Justicia e Interior y Agricultura. Este pacto finalizó hace ahora un año cuando Santiago Abascal ordenó abandonar los gobiernos acordados en todas las autonomías en las que se había logrado conformar ejecutivos con el PP, con la excusa de la inmigración.
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Lo dicho por Llanos es significativo por cuanto la pasada semana Alberto Núñez Feijóo afirmó no querer incorporar a ningún miembro de Vox en un futuro ejecutivo español. La experiencia valenciana confirma que esto puede ser incluso más perjudicial para el PP en su obligación de realizar cesiones para sostener la estabilidad institucional. Mazón, por ejemplo, para aprobar recientemente los presupuestos de 2025, cedió ante la derecha extrema en materias como inmigración, cooperación, recorte de ayudas a sindicatos y patronal o reducción de las partidas para la promoción del valenciano y de la Academia Valenciana de la Llengua, AVL. “Estamos muy satisfechos de que Vox haya podido influir de forma notoria en la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2025; no somos una formación a la que le interesan los sillones, sino los resultados” dijo Llanos.
Feijóo afirmó no querer incorporar a ningún miembro de Vox en un futuro ejecutivo español
Justo cuando se cumple el segundo aniversario de la presidencia de Carlos Mazón, el president anunció ayer su voluntad de agotar los cuatro años de mandato, hasta 2027; y señaló que “ese es el plan”. El líder del PP valenciano desmintió categóricamente la existencia de “ningún sueldo vitalicio” para los expresidents, en referencia a las críticas de la oposición sobre un posible cobro de 75.000 euros anuales como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC) si abandonara el cargo tras superar la mitad de la legislatura. “Que yo sepa no hay ningún sueldo vitalicio. El estatuto de los presidentes es el que está en vigor. En fin, no lo he creado yo”. Al respecto, rechazó con contundencia las insinuaciones de que hubiera “aguantado” en el cargo para acceder a ese beneficio: “No, por amor de dios. Solo la insinuación... Ya está bien de hacerle la campaña a los que están utilizando el dolor con estas cosas”.
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Compromís ha sido la fuerza política que más ha asociado la permanencia de Mazón en su cargo al objetivo de alcanzar la indemnización. Su síndic, Joan Baldoví dijo ayer que “estamos en manos del peor gobierno valenciano, encabezado por un presidente negligente, que ya tiene asegurada una paga de 150.000 euros cuando abandone el Palau de la Generalitat, gracias al PP y a Vox”. La coalición y el PSPV realizaron ayer una valoración muy negativa de la gestión de Mazón, especialmente por su papel el pasado día 29 de octubre, el día de la dana que provocó 228 muertos. Para la izquierda, Mazón debe dimitir y convocar elecciones. “Es el peor president que ha tenido esta comunidad”, afirmó el síndic socialista, José Muñoz
