El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a la Comunitat Valenciana para formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por un importe máximo de 1.816,5 millones de euros, una medida destinada a financiar necesidades transitorias de tesorería y garantizar el pago a proveedores, especialmente en sectores críticos como el farmacéutico. Esta autorización, que se enmarca en el cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), permitirá a la Generalitat acceder a financiación en los mercados privados hasta el 31 de diciembre de 2025.
La autorización de este nuevo endeudamiento se suma a los 8.373 millones de euros ya movilizados para la Comunitat Valenciana en 2025, entre recursos ordinarios del FLA y las partidas extraordinarias por la catástrofe, según destacó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Añadió que esta medida “traslada el compromiso del Gobierno con la Comunidad Valenciana” y se une a los “más de 7.000 millones gestionados desde octubre para la reconstrucción”.
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Por su parte, el Gobierno valenciano, liderado por el presidente Carlos Mazón (PP), había solicitado esta autorización para evitar retrasos en los pagos a proveedores, un problema recurrente en los últimos meses debido a la falta de liquidez. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, explicó que esta operación permitirá “pagar las facturas pendientes antes de que finalice julio”, especialmente las del sector farmacéutico, uno de los más perjudicados por los impagos.
Merino defendió que esta financiación es una “vía alternativa para garantizar servicios públicos esenciales”, al tiempo que el Consell trabaja en medidas de “optimización del gasto”. La operación se estructurará mediante préstamos bilaterales con entidades financieras, con un tipo de interés aún por definir, aunque la consellera aseguró que la banca ha respondido positivamente y garantiza la cobertura total del importe solicitado.
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A pesar del respaldo económico, la Generalitat sigue enfrentando presión por la deuda acumulada y los ajustes presupuestarios. La oposición ha cuestionado la gestión financiera del Consell, mientras que desde el Gobierno central se insiste en que las ayudas son “excepcionales” y deben ir acompañadas de un plan de saneamiento.
Con esta autorización, la Comunitat Valenciana podrá aliviar su situación inmediata, pero el verdadero reto será equilibrar las cuentas a medio plazo sin depender indefinidamente de la deuda. Mientras, los valencianos esperan que estos recursos se traduzcan en mejoras tangibles, desde el pago a proveedores hasta la reconstrucción de las zonas devastadas por la DANA.
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