Frente al litoral repleto de turistas que estos días atrae al aeropuerto de Alicante-Elche una cifra récord de visitantes, la realidad de la provincia presenta un interior cada vez más despoblado en el que el abandono de las tareas del campo amenaza la mera supervivencia de municipios de larga historia. Existen ochenta localidades que no llegan a los cinco mil habitantes, y muchas no han encontrado una alternativa económica suficientemente atractiva para retener a las nuevas generaciones.
Un conjunto de expertos reunidos en Benferri por la Unión de Empresas de la Provincia de Alicante (Uepal) intercambió el lunes propuestas para frenar el despoblamiento rural. Entre sus principales conclusiones, destaca la necesidad de que la administración ofrezca beneficios fiscales a las empresas que se planteen implantar su actividad en estas localidades.
“Estamos hablando de una despoblación real, con consecuencias directas en servicios sanitarios, educativos y de transporte. No podemos vivir a dos velocidades entre la costa y el interior.
Además, los participantes coincidieron en reclamar acceso a suelo industrial y apoyo administrativo real para atraer empresas. “No puede ser que una empresa quiera asentarse en el interior y se encuentre con que no hay suelo, no hay infraestructuras y sobran trabas. Si no facilitamos las condiciones mínimas, la despoblación continuará” reivindicó el presidente de Uepal, César Quintanilla, en alusión al retraso de décadas que acumulan algunos proyectos de polígonos industriales.
Durante la jornada, se analizó el reto demográfico que afecta a gran parte del interior de la provincia. “Estamos hablando de una despoblación real, con consecuencias directas en servicios sanitarios, educativos y de transporte. No podemos vivir a dos velocidades entre la costa y el interior, el turismo masivo y las zonas despobladas”, remarcó Quintanilla.
El alcalde de Beniarrés, Francisco Sellés, expuso las dificultades de su comarca, donde la falta de industria y servicios básicos empuja a los jóvenes a marcharse
Desde distintos ámbitos, se insistió en que es urgente pasar de los diagnósticos a la acción, y adaptar las políticas públicas a la realidad rural alicantina, muchas veces invisibilizada por no encajar en los criterios de otras comunidades que sí reciben fondos europeos para municipios en riesgo demográfico. Alicante, señalaron los ponentes, no entra en los estándares de despoblación y zona rural de otras provincias pos las zonas masificadas de la costa y otras poblaciones, sin embargo, posee comarcas y lugares con más dificultades que otras que si reciben fondos desde Europa.
El alcalde de Beniarrés, Francisco Sellés, expuso las dificultades de su comarca, donde la falta de industria y servicios básicos empuja a los jóvenes a marcharse. “Les gusta vivir aquí, pero se marchan por falta de servicios tan básicos como no tener pediatra, los servicios educativos…”
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María Miñano, presidenta de la Ruta del Vino de Alicante destacó que por ejemplo “el enoturismo es una oportunidad de oro para el interior alicantino. Estamos viendo cómo el vino conecta a las personas con el territorio, y cómo puede convertirse en un motor de desarrollo sostenible si se articula bien con el resto del entorno”.
Marga Brugarolas, directora de la cátedra AVANT-UMH, destacó que “el turismo no puede ser la única vía de desarrollo, debemos crear las condiciones para que las personas quieran vivir, trabajar y socializar aquí. Hace falta industria, conectividad, estructuras educativas y de ocio pensadas para quienes viven en estos pueblos, no solo para quienes los visitan”.
“El enoturismo es una oportunidad de oro para el interior alicantino”, opina María Miñano, presidenta de la Ruta del Vino
Sobre el sector primario, Tere Alemany, de Asaja Alicante, comentó que “el campo necesita relevo, y para eso hace falta dignificar el sector, mejorar las condiciones y facilitar el acceso a la tierra y a la formación. Sin agricultores, no habrá ni alimentos ni territorio que proteger”.
El encuentro concluyó con la redacción de un documento que será remitido a las administraciones públicas, con propuestas concretas para frenar la pérdida de población y revitalizar el entorno rural desde una visión integral.