El gobierno valenciano mantiene el tono para con el Gobierno de Pedro Sánchez y este martes anuncia que interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto que regula el reparto de menores migrantes no acompañados. “No vamos a tolerar que invadan nuestras competencias”, ha dicho la vicepresidenta primera y consellera de Igualdad, Vivienda y Servicios Sociales, Susana Camarero, en la que ha sido la última rueda de prensa tras el pleno del Consell hasta septiembre.
Camarero ha arremetido contra el ejecutivo central, al que acusa de no tener política migratoria “ni capacidad para acoger” y ha explicado que la Generalitat Valenciana da la batalla en este asunto porque “no podemos permiir que se rompa un sistema de acogimiento altísimo, con una calidad muy elevada, como el que tenemos en la Comunidad Valenciana”.
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El recurso que ha anunciado este martes la vicepresidenta interpondrá la Abogacía de la Generalitat contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, se suma al recurso de inconstitucionalidad que ya interpuso el Consell contra el Real Decreto-ley 2/2025, pues consideraba que suponía una “infracción del orden constitucional de distribución de competencias e injerencia en las de la Generalitat en materia del sistema de protección de menores”.
Camarero ha centrado en este asunto la crítica política al Gobierno, con el que las relaciones no parecen rebajar su tensión, y ha asegurado que el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias es discrecional, “se ha decidido sin que hayamos participado, y no nos dicen ni cuándo, ni cómo ni con qué presupuesto”, ha lamentado.
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La Generalitat Valenciana lleva al Constitucional el reparto de menores migrantes
Según ha explicado la vicepresidenta del gobierno valenciano el Gobierno pretende trasladar 571 menores a la Comunidad Valenciana desde Canaruas con un presupuesto de 7,4 millones de euros, que solo se harán efectivos los 3 primeros meses. “Si calculamos el sistema de protección actual, cada menor a cargo de la Generalitat Valenciana por día cuesta 218,85 euros, y si repartimos esos millones, salimos a 35 euros por día; no hay planificación ni previsión económica”, ha espetado.
