Mientras los incendios forestales arrasan nuestros montes y la memoria de la trágica dana de Valencia sigue latente, un peligroso relato se va instalando en la sociedad: la idea de que el Estado de las Autonomías es ineficaz para gestionar las grandes crisis. Este pensamiento, alimentado por la falta de coordinación entre las administraciones, la cuestionable actuación de algunos líderes autonómicos y la constante confrontación política, representa una amenaza existencial para el modelo territorial de nuestro país y da aire a a los apóstoles de la recentralización de los servicios públicos.
Un bombero de la Comunidad de Madrid sujeta una manguera para extinguir un incendio en Colmenar Viejo
La historia reciente de España está marcada por emergencias que han puesto a prueba nuestra estructura de poder. Durante la pandemia, la respuesta fue un claro ejemplo de descoordinación. A pesar de las convocatorias de Conferencias de Presidentes, estas no se tradujeron en un sistema de gobernanza unificado y operativo. La crisis sanitaria puso de manifiesto que, a pesar de tener una estructura descentralizada, no se ha sabido recurrir a los mecanismos de colaboración que contempla la Constitución. Tampoco a la lealtad que sí se observa en sistemas federales como el de Alemania, Bélgica o Estados Unidos.
Un peligroso relato se va instalando en la sociedad: la idea de que el Estado de las Autonomías es ineficaz para gestionar las grandes crisis”
El problema no es solo la falta de colaboración, sino la bronca partidista que la acompaña. Desde las instituciones, los líderes políticos se enzarzan en acusaciones cruzadas, utilizando cada emergencia como un arma arrojadiza contra el adversario. Las declaraciones sobre quién tiene la culpa o quién no hace lo suficiente erosionan la confianza en las instituciones y, en última instancia, en el propio sistema democrático. En lugar de ofrecer soluciones conjuntas, se prioriza el rédito electoral, generando malestar ciudadano.
Esta situación genera una peligrosa narrativa que exalta a las Fuerzas Armadas como la única solución fiable para las grandes catástrofes. Es un error. Si bien la UME y los diferentes cuerpos de los ejércitos son un pilar fundamental en la respuesta, su función principal es complementar y apoyar la labor de las administraciones autonómicas. La UME no puede ni debe ser la solución a la falta de planificación o a la incapacidad de coordinarse de los gobiernos autonómicos y de estos con el Gobierno y viceversa.
La descentralización, bien gestionada, es una fortaleza que permite una respuesta más cercana y adaptada a las necesidades de cada territorio. Sin embargo, para que el sistema funcione, es imprescindible que las comunidades planifiquen bien sus recursos y que el Gobierno central trabaje junto a ellas de manera eficiente, articulando las sinergias necesarias. Esto implica la voluntad política de dejar a un lado las diferencias, tener lealtad y cooperar en beneficio de unos ciudadanos indignados. Lo contrario es la ineficacia y la exposición de continuas incompetencias que animan a quienes sin hacer casi nada esperan el descrédito del Estado autonómico para imponer su propio modelo.
