La Conselleria de Emergencias e Interior ha solicitado a la Policía de la Generalitat que investigue la colocación de una cámara oculta en la unidad de bomberos forestales de Yàtova, en un edificio del gobierno autonómico, según han confirmado fuentes del departamento dirigido por Juan Carlos Valderrama.
Tras el hallazgo, el personal interpuso una denuncia ante la Guardia Civil y desde la dirección de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) se ha abierto un expediente para llevar a cabo una investigación interna.
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Así lo han indicado fuentes de este departamento tras la información avanzada por elDiario.es, que revela este miércoles que la cámara oculta se localizó hace un par de semanas en uno de los despachos de la unidad de Buñol, cuya base está en Yátova.
Ante esta información, la portavoz adjunta de Compromís en las Corts Valencianes, Isaura Navarro, ha señalado que se trata de unos hechos “muy preocupantes que recuerdan precedentes recientes de la política española” y ha subrayado la circunstancia de que la unidad de bomberos forestales de Buñol es la que fue retirada del barranco del Poyo el pasado 29 de octubre durante la dana.
La Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias ha abierto un expediente para investigar la situación
“Es alarmante que en un contexto donde todavía quedan tantas incógnitas sobre la gestión del Consell del PP en la catástrofe del 29 de octubre, aparezcan elementos como esta cámara oculta, precisamente en la unidad que vigilaba el barranco del Poyo”, ha indicado, y ha deslizado que “quien tiene miedo a que se conozca la verdad sobre por qué se ordenó la retirada de estos bomberos, dejando sin información clave en los centros de coordinación, es quien más puede sentirse tentado a utilizar cualquier método para controlar la información”.
La portavoz adjunta ha subrayado que “recientemente, bajo gobiernos de derecha, se han producido casos de espionaje ilegal contra la oposición, como las maniobras de la conocida como 'policía patriótica', un caso por el que hay abierto un proceso judicial con la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy imputada”.
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“Estos precedentes nos hacen estar alerta ante cualquier indicio de juegos sucios que buscan silenciar la verdad y proteger intereses partidistas que solo sirven para erosionar la confianza en las instituciones. Desde Compromís exigimos una investigación exhaustiva e independiente para aclarar los hechos, y que el Consell asuma sus responsabilidades en la gestión desastrosa de la dana”, ha concluido.
Por su parte, la portavoz socialista de Emergencias en las Corts Valencianes, Alicia Andújar, ha señalado en un comunicado que este es “un hecho gravísimo que atenta contra los derechos de los trabajadores” y ha calificado de “urgente que se den explicaciones”. Los socialistas denuncian “las prácticas mafiosas” de la Generalitat con los bomberos forestales y piden la comparencia de Valderrama en la cámara autonómica para dar explicaciones de los hechos.
El PSPV denuncia “prácticas mafiosas” de la Generalitat con los bomberos forestales
“Los valencianos y valencianas no nos merecemos tener un gobierno autonómico que menosprecie de esta forma a los trabajadores públicos y que este más pendiente de pensar en cómo vulnerar sus derechos que en mejorar sus condiciones laborales”, ha indicado Andújar, que también ha destacado la revelancia de que la cámara oculta se haya encontrado “en la base de los bomberos a los que se les ordenó dejar de vigilar el barranco del Poyo el día de la dana evitando así que pudieran controlar su crecida y proteger a la ciudadanía. “Una decisión que siguen sin aclararnos quién la tomó”, ha añadido.
Para la diputada, “este tipo de situaciones contra los derechos de los trabajadores públicos no es la primera vez que se dan desde que Mazón es 'president' de la Generalitat” y ha recalcado que en febrero “ya se filtró a los medios de comunicación una conversación privada y manipulada entre dos técnicas del 112 y de la Aemet, la cual fue difundida por Mazón y el PP, para dar a entender que la Generalitat no tenía información de lo que estaba ocurriendo el 29 de octubre en la provincia de Valencia y que ya está siendo investigada”.